Dólar futuro: curiosidad jurídica deja a Bonadio acusador y acusado

 La causa por la venta de dólares a futuro por la que está procesada la expresidente Cristina de Kirchner sumó ayer una nueva singularidad que la colocó en una situación inédita en materia judicial. La Sala I de la Cámara Federal dispuso revocar la decisión de un juez y aceptar como querellante a la exmandataria en la denuncia que radicó en un expediente paralelo, que investiga al propio juez Claudio Bonadio -quien la procesó por considerarla responsable de una mala administración de los recursos del Estado por haber vendido contratos de divisas a futuro por debajo de su valor de mercado- y al titular actual del Banco Central, Federico Sturzenegger. Ese expediente ofició como un desprendimiento de la causa inicial, y cobró relevancia cuando el fiscal Jorge Di Lello imputó al magistrado y al funcionario de Cambiemos por haber autorizado los pagos de esos contratos, ya con el cambio de gestión en el Ejecutivo. Paradoja: quien resultó implicada por un juez como responsable de la maniobra podrá solicitar medidas e impulsar como particular damnificada la causa contra el juez que la procesó, a quien, a su vez, la Justicia investiga por la forma de instruir ese expediente.

La Sala I de la Cámara, por la mayoría de los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero (Eduardo Farah está de licencia), revocó la decisión del juez Sergio Torres que había rechazado el pedido de la defensa de la expresidente, lo que le permitirá ahora impulsar el caso que cuenta con unas pocas medidas de prueba tomadas. Ese expediente se originó tras una denuncia de diputados kirchneristas que fue presentada cuando Cristina fue llamada a indagatoria ante Bonadio el pasado 13 de abril. Los denunciantes acusaron a Bonadio y a Sturzenegger de los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad, ante la eventual situación -nunca contemplada en realidad- de que se ordenara la detención de la exmandataria. Di Lello los imputó porque consideró que debía investigarse el oficio que intercambiaron Bonadio y Sturzenegger, días antes de anunciar la devaluación el 17 de diciembre pasado, en la que se informaba que no había medidas judiciales que impidieran o restringieran el pago de esos contratos. También imputó al director del BCRA Pablo Curat; al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri, y a las firmas Caputo -propiedad de Nicolás Caputo, también amigo de Macri-, y Chery Socma SA, del emporio familiar.

Bonadio ya tenía a su cargo la denuncia de dirigentes de Cambiemos contra Cristina, el exministro de Economía Axel Kicillof, y Alejandro Vanoli, a cargo del BCRA durante el kirchnerismo. La denuncia pedía que se investigue la legalidad de los contratos celebrados durante los últimos meses de Gobierno, pero no implicaba directamente a Cristina de Kirchner. El juez la puso a la cabeza de la maniobra y la indagó. Pero en el medio avanzó la causa en su contra, algo nunca visto en los tribunales de Comodoro Py, por la acusación simultánea de un delito a un magistrado que estaba actualmente investigando esa misma causa. Di Lello pidió una batería de medidas e imputó a funcionarios del actual Gobierno que resultaron compradores de los contratos, antes de asumir el Ejecutivo. Y por ende, se beneficiaron con la diferencia de cambio resultante tras la devaluación del peso. Pocas de esas medidas avanzaron en el juzgado de Torres, quien había rechazado a Cristina de Kirchner como querellante, por considerar que no había sido damnificada. Eso fue revocado el pasado jueves, aunque recién trascendió ayer.

La situación escalará en su singularidad, porque la defensa de la exmandataria encabezada por Carlos Beraldi recusó a los miembros de la Sala II de la Cámara Federal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que habían confirmado a Bonadio y debían ahora analizar la apelación al procesamiento contra Cristina. Ahora los que deben resolver esa cuestión son los integrantes de la Sala I que podría ahora tomar control de toda la causa, e invertir la situación para transformar a Bonadio de acusador a acusado.

G.M.