Economía-gate: hubo 3 denuncias previas

El Congreso había recibido tres advertencias respecto de presuntos pagos irregulares en el Ministerio de Economía, antes de que estallara la semana pasada el caso por el supuesto desembolso ilícito de $ 54 millones al grupo de aseguradoras Accolade Pool. El ex diputado del peronismo disidente Carlos Francisco Dellepiane presentó pedidos de informes al Poder Ejecutivo en 2004, 2005 y 2007 (después de que estallara el caso Greco), que nunca fueron atendidos. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ese momento, Carlos Snopek, nunca atendió los reclamos, a pesar de que en la última oportunidad el escándalo del caso Greco por el pago frustrado de $ 600 millones ya había estallado en medio de una sesión del Senado y luego avanzado en la Justicia.
En ese momento el pedido de informes apuntaba a un funcionario muy cercano al entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna (el secretario legal y administrativo Eduardo Angel Pérez). Pero en realidad la investigación podría haber apuntado a un problema mucho más amplio y estructural dentro de la cartera: la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, centro de pagos polémicos y ambiguas decisiones, en supuesto beneficio del Estado nacional.
Litigios
Esa dependencia fue creada por Horacio Tomás Liendo durante la primera gestión de Domingo Felipe Cavallo para hacerse cargo de los casos pendientes vinculados a la Coordinación de Entes Liquidados, entre otros objetivos. Encargada de revisar, evaluar, negociar y definir el destino de este tipo de expedientes, por ahí pasan todos los litigios de ex órganos públicos, como los de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Ferrocarriles Metropolitanos (FEMESA), el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y el Fondo Nacional de la Marina Mercante, entre otras instituciones que presentaban deudas a favor y/o en contra del Estado. Un «nido de conflictos», según relató un ex funcionario, núcleo de los escándalos en los casos Greco y las recientes denuncias por el presunto pago de $ 54 millones a Accolade Pool (Juan Cayetano Intelisano era el entonces titular de esta área, hasta que se detectaron irregularidades durante la gestión de Miguel Peirano y se lo separó del cargo por su presunta vinculación).
La subsecretaría manejó desde la época del menemismo miles de expedientes derivados de ex empresas públicas, y en los que habría intervenido muchas veces como gestor el empresario croata Iván Holjevac. Una de las aristas de la que surgen más sospechas son los litigios vinculados al Fondo de Marina Mercante, creado en 1973 para estimular la construcción de barcos a través de subsidios y préstamos a tasas bajas. De esta línea surgen los casos vinculados al Astillero Mestrina que, por ejemplo, habría cobrado en 2003 $ 5.408.498 por la construcción del barco Navenor, a pesar de la supuesta prescripción del reclamo (fue firmado en 1981) que habría sido alertado por PriceWaterhouse en una de las consultas realizadas. En este caso, el pago habría sido aprobado por el entonces subsecretario Andrés Troha, quien además habría dado vía al desembolso por la demanda efectuada por el Grupo Meller (un contrato firmado por María Julia Alsogaray durante la época de la privatización de ENTEL, que desencadenó en la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que habían aprobado el pago por vía judicial), que luego fue frenado por el mismo ministerio. Pero además hay otro dato significativo: Mestrina habría viabilizado el supuesto pago a través de una cesión a la empresa Donatel SA, una de las compañías vinculadas al cobro de los $ 54 millones y a Holjevac, según figura en las denuncias del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido y el fiscal Raúl Pleé.
Pero el caso Mestrina no es el único vinculado al Fondo Nacional de Marina Mercante. El Astillero Corrientes habría reclamado el cobro de un buque que no habría terminado, incluyendo en la querella el depósito que habría entregado el Estado para empezar a armarlo. El caso de la empresa fue uno de los más importantes a negociar durante el gobierno de la Alianza, ya que mantenía una deuda millonaria con el Estado que, de pagarla, significaba la pérdida de 2.500 fuentes de trabajo. La condición de deudora de la compañía, sin embargo, no impedía que reclamara al mismo tiempo cobros que se habrían abultado con los años y que aún hoy demandan.
El pedido de informes que presentó Dellepiane por primera vez en 2004 no fue el único llamado de atención que hubo sobre el funcionamiento de la subsecretaría ese año: un informe de la Auditoría General de la Nación advirtió sobre la falta de seguimiento de casos a favor o en contra del Estado, que representaban millones y millones. El BANADE, por ejemplo, figuraba en ese momento como demandado en 189 casos y como actor en 1.507; la Caja Nacional de Ahorro y Seguro concentraba 18.514 juicios (entre ellos el supuesto reclamo de Accolade Pool); y FEMESA, 1.803 causas. Y esto es sólo una parte de los entes liquidados. En esa marea de demandas se habrían movido cómodamente Intelisano y Holjevac, sobreviviendo juntos a gestiones y ministros.