La decisión del juez Andrew Hanen, del tribunal federal de Brownsville, detiene en seco un proceso puesto en marcha por el Gobierno para beneficiar a un contingente estimado de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular y evitar su deportación. Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el magistrado consideran que Obama se excedió en sus atribuciones presidenciales y que al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria violó la Constitución. Los estados alegan que las acciones anunciadas por Obama provocarán "daños dramáticos e irreparables".En un extenso documento de 123 páginas, Hanen tuvo el cuidado de no considerar ilegales las acciones de Obama, pero cuestionó el derecho del presidente de adoptarlas. El juez destacó en su informe que las medidas anunciadas por Obama se refieren a un tema que el Congreso analiza. "No puedo apoyar un programa que no solamente ignora el dictado del Congreso, sino que activamente se propone frustrarlo", apuntó el magistrado.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Interna) tenía previsto comenzar a recibir y procesar a partir hoy las demandas de regularización de inmigrantes, tanto de personas que ingresaron como menores de edad (DACA) como de los padres (DAPA) de jóvenes que ya se beneficiaron de un programa similar en 2012. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Jeh Johnson, anunció ayer que los órganos responsables no aceptarán los requerimientos "como estaba originalmente programado. Estoy en firme desacuerdo" con la decisión del juez Hanen, expresó Johnson en una nota oficial, donde también adelantó que "el Departamento de Justicia apelará este bloqueo temporario. Por ahora, debemos reconocerlo y obedecerlo". Al respecto, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen, ya que las medidas son "coherentes" con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, que "han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración".
Más tarde, Obama afirmó que considera que "la ley y la historia están de nuestra parte" en la disputa. "Respecto de la decisión del juez, no estoy de acuerdo", agregó en breves declaraciones.
En tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó en un comunicado que la decisión del juez constituye "una victoria para el reinado de la ley en Estados Unidos y un primer paso crucial para cercar el desenfreno del presidente Obama".
El republicano Greg Abbott, gobernador de Texas y promotor de la acción legal, dijo que la decisión de Hanen "correctamente detuvo el exceso del presidente".
Obama anunció en noviembre un paquete de medidas para sacar de la irregularidad a millones de inmigrantes, por considerar que el Congreso demostró ser incapaz de aprobar una reforma migratoria completa. El Senado llegó a aprobar en 2013 un ambicioso proyecto de ley de reforma del sistema legal sobre migraciones, que luego quedó empantanado en la Cámara de Representantes. Y ahora con la oposición republicana ahora en control de las dos cámaras del Congreso el proyecto es considerado letra muerta. La situación llegó a tal punto que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, órgano responsable de aplicar las medidas de alivio migratorio) tiene presupuesto aprobado hasta el 27 de febrero. Un proyecto de ley impulsado por republicanos establece un presupuesto para ese Departamento, pero elimina los recursos para medidas migratorias. Hasta ahora, los Demócratas la bloquearon.
| Agencias EFE, AFP, |
Reuters, ANSA y DPA
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