Efecto bolsos: piden OA porteña y baja de empresas

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• EN LA LEGISLATURA, INICIATIVAS DE OPOSICIÓN Y OFICIALISMO
Oficialismo pide oficina anticorrupción. Los K, que empresarios arrepentidos no trabajen más con el Estado.

La investigación del juez Claudio Bonadio sobre los cuadernos de las presuntas coimas animó a los legisladores porteños a presentar diversos proyectos. Por un lado, el oficialismo estaría de acuerdo en crear una oficina o agencia anticorrupción, mientras que desde el kirchnerismo se presentó una iniciativa que parece más una declaración, como que los empresarios que aparecen bajo la figura de "arrepentidos" en el expediente judicial no puedan tener contratos para obras con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La legisladora Natalia Fidel, quien integra la agrupación de Graciela Ocaña dentro del bloque oficialista Vamos Juntos, presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Anticorrupción, que dependería de la Jefatura de Gabinete porteña y "gozaría de autonomía funcional y autarquía financiera", según explicó. La bancada tiene mayoría propia en el recinto con 34 bancas sobre las 60 del pleno.

El proyecto prevé que la Agencia sea "la encargada de la prevención, investigación y denuncias de actos de corrupción, infracciones a la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, o violación a los deberes de funcionario público" y que su director -a diferencia de la Oficina Anticorrupción nacional- sea aprobado con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de la Legislatura y pueda ser removido por igual cantidad de votos a requerimiento del Poder Ejecutivo o de cualquiera de sus miembros.

"La política está atravesando un momento en el que más que nunca debe encarar el desafío de lograr instituciones fuertes e independientes capaces de implementar procesos transparente que gocen de legitimidad y credibilidad ante la sociedad. El proyecto de creación de una Agencia Anticorrupción para la Ciudad será un paso importante en ese camino", expresó Fidel y dijo que "es fundamental que la futura Agencia posea independencia; para eso el proyecto en el que estamos trabajando prevé autonomía de recursos, personal especializado y un marco jurídico idóneo, tal como se contempla en los lineamientos internacionales sobre estándares y recomendaciones para los organismos encargados de la prevención e investigación de la corrupción".

Por su parte, el radical K, Leandro Santoro, se animó con una iniciativa que raramente vea la luz del recinto: apunta a los contratos de obra de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto que denomina de exclusión de empresas "arrepentidas" busca que los empresarios que declararon haber pagado "coimas" a funcionarios del anterior gobierno kirchnerista "por la obra pública nacional no podrán en el futuro tener contratos con la Ciudad". De acuerdo con la propuesta, se modificarían los requisitos para poder acceder a un contrato porteño, "sea este para la realización de obra pública, para ser concesionario de servicios públicos o para ser proveedor del Estado mediante el sistema de compras y contrataciones, impidiendo que quienes se declaren autores o partícipes de delitos bajo el régimen del "arrepentido" sean candidatos contratables".

Para Santoro, "es insólito que los empresarios que reconocen haber pagado coimas no sólo estén libres, sino que además sigan haciendo negocios, como Roggio, que se asocia con Siemens para retener la concesión del subte porteño". El legislador asegura que espera "el apoyo para su tratamiento de todo el arco político y en especial del oficialismo".

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