El año electoral será un desafío para las apretadas cuentas provinciales

El electoral año 2013 representará un desafío adicional para los gobernadores en materia financiera, tras haber cerrado 2012 con un déficit que -se estima- será un 50% superior al de 2011.

Las mayores estocadas en ese sentido, y con ese efervescente telón de fondo, estarán dadas por los gremios, que se convertirán en actores centrales e inclinarán las cuentas provinciales entre febrero y marzo próximos.

Será de la mano de negociaciones salariales, con epicentro en el impacto de la inflación, que se instalarían en pautas de entre el 25% y el 30% -este año fueron de entre el 20% y el 25%-, frente a presupuestos que en general no contemplan a priori una tajada específica para aumentos.

No es un dato menor, a partir del peso clave que representa el gasto en personal para los Ejecutivos provinciales y que concentra más del 50% del total anual promedio.

Esta dinámica -a la cual se le anexa un probable aumento en las erogaciones de capital, al ritmo de los aires electorales- augura la reedición en 2013 de los mecanismos adicionales aplicados este año por los Ejecutivos para garantizar el acceso a fondos extra, de la mano de nuevos paquetes de subas impositivas y de colocaciones de Letras y de bonos, al menos, en el mercado local.

Esa postal se da en línea con el perfil augurado por el Presupuesto Nacional 2013 y que calca el comportamiento de 2012: el de la reticencia de la Casa Rosada a destrabar asistencias financieras extraordinarias al interior, que tomó la forma además de un pedido público por parte de Cristina de Kirchner y de sus ministros a los gobernadores en pos de una moderación del gasto y de un manejo eficiente de los recursos.

Señales positivas

No obstante, hay algunas señales de aliento a partir de que -destaca la consultora Economía & Regiones- las perspectivas para 2013 indican una mejor performance de los recursos que reciben las provincias, en comparación con la desaceleración en envíos de coparticipación y en recaudaciones locales que sorprendieron amargamente a los gobernadores durante los primeros nueve meses de este año.

Esa mirada se apoya en una mejora prevista en el nivel de actividad (con impacto positivo en la coparticipación federal y en las recaudaciones locales) y en las expectativas en torno a una buena campaña de soja (en rigor, en función del clima), que redundaría en un importante repunte del Fondo Federal Solidario, nutrido del 30% de las retenciones a las exportaciones de la oleaginosa.

En esa línea, por caso, octubre representó un cambio en la tendencia que mostraban los impuestos que se coparticipan a las provincias, de la mano del repunte de la percepción del IVA Neto y de Ganancias, que incluso crecieron por encima de la recaudación total.

Por de pronto, según la consultora, las provincias cerrarían 2012 con un déficit cercano a los $ 18.500 millones, lo que equivale a una expansión del 50% respecto del rojo observado un año atrás.

La desaceleración de los recursos corrientes es el principal determinante del deterioro fiscal, ya que si bien el gasto corriente redujo también su tasa de variación, se incrementó la brecha entre ambas variables. Con todo, los datos siguen presentando un balance operativo superavitario ($ 14.000 millones), fondos que son utilizados en gran medida para financiar programas de inversión en infraestructura.

Sin embargo, se advierte una importante caída respecto de los valores de 2011: en valores absolutos ese superávit se redujo en $ 4.000 millones (-22%), mientras en términos del gasto anual, cae del 6,1% al 3,8%.

De mantenerse esta tendencia en el futuro, se verá una reducción aun mayor en los proyectos de inversión provincial, convalidando la dinámica de los últimos años: en 2006, último ejercicio superavitario de las finanzas provinciales, se destinaron 12,6 puntos porcentuales del gasto a inversión, mientras en el presente ejercicio la cifra se reduciría en casi un 50%.

A 2013 hay que sumarle además la presión de vencimientos de colocaciones de deuda de corto plazo (Letras y bonos a un año), un mecanismo al que apelaron de manera extendida este año los gobernadores frente a las dificultades para obtener financiamiento en el plano internacional.
GRACIA

Pero las complicaciones mayores en este rubro estarán centradas en 2014, a partir del fin del período de gracia de la deuda con el Gobierno nacional, lo cual anexaría a las espaldas de los Ejecutivos locales el pago de entre $ 8.000 millones y $ 9.000 millones anuales adicionales para el consolidado de provincias.

En este escenario, cobran especial importancia aquellos recursos que las provincias siguen sin percibir, producto de la continuidad de medidas de carácter extraordinario que deprimen la coparticipación.

En ese lote se encuentran la discutida retención del 15% de la masa coparticipable destinada a la ANSES (que en 2013 representaría casi un cuarto de las transferencias automáticas anuales); la falta de coparticipación plena del impuesto al cheque (se dejarían de percibir unos $ 20.000 millones -9% de las transferencias-) y el financiamiento a la AFIP, que implica para el interior un costo fiscal de $ 6.100 millones (3% de la coparticipación).

Estas detracciones vuelven a reeditar, año a año, el desigual reparto de recursos entre Nación y provincias: para 2013 se estima que el sector público nacional retendrá el 74% del total recaudado, contra el 26% para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que contrastan con el piso del 34% exigido por la Constitución nacional.