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El campo corta ruta (junto a la UOM)
La FAA junto a la UOM y agrupaciones de izquierda cortaron ayer la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución. Se leían carteles como «Kristina + sequía = pequeños chacareros sin futuro».
Repudio
A pesar de la supuesta unión que existe entre la UOM y la FAA ayer -al cierre de esta edición- el gremio obrero emitió un comunicado de prensa en el que repudió «la participación de la FAA en el acto realizado en Villa Constitución.
El comunicado afirmaba que se «repudia la intromisión de cualquier organización ajena, como es el caso de la FAA, que sin la aceptación ni conformidad de nuestra entidad se suma a un conflcito de la empresa Paraná Metal que lleva más de un año».
Sin embargo, Villa Constitución no fue el único encuentro de productores; en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, coincidieron Mario Llambías, titular de CRA; y Pedro Apaolaza, de CARBAP, en la reunión zonal de esta última entidad. Sin embargo, tanto Coninagro como Sociedad Rural no se unieron a las protestas.
La interrupción del tránsito sobre la autopista comenzó a las 9, y se realizó cada 30 minutos, tras lo cual los manifestantes dejaban pasar los vehículos.
Los organizadores de la movilización fueron Eduardo Buzzi, titular de FAA; y el dirigente de la UOM de Villa Constitución, Alberto Piccinini, acompañados por partidos políticos de izquierda.
Además de los cortes, las dos organizaciones llevaron a cabo un acto que se realizó en la intersección de las rutas 9 y 90, que, según FAA, concentró unas tres mil personas, entre los que había productores agropecuarios, obreros metalúrgicos e integrantes de organizaciones sociales. También participaron delegados de fábricas del cordón industrial rosarino, el Partido Obrero (PO), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), entre otros.
Durante el acto se reclamó la reactivación de la firma Paraná Metal sin baja de sueldos ni despidos para sus empleados y una nueva política agropecuaria, que tenga en cuenta a pequeños y medianos productores.
El secretario adjunto de la CTA nacional, Pablo Micheli, denunció al Gobierno por «no aplicar políticas activas en defensa de las fuentes de trabajo, los niveles salariales y la producción nacional».
Carlos Chile, de CTA Capital y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), dijo: «Muchos de los trabajadores están precarizados, con salarios bajos. Y el 48% está empleado en negro. Esto quiere decir que a casi el 50% de los pibes argentinos no le llega el salario familiar o la ayuda escolar».
Los obreros de la empresa Paraná Metal reclaman porque en 2008 perdieron 1.200 puestos de trabajo y para que se revitalice la actividad de la firma, esencial para el desarrollo de la zona.
Por su parte, Buzzi le reclamó a Cristina de Kirchner que se ponga «al frente de la lucha contra la sequía, la peor de los últimos 70 años» y agregó: «Los chacareros vamos hacia el abismo. Acá se movilizan productores que no son de la oligarquía, sino los de 20, 80 y 100 hectáreas, pero no los pooles de siembra».
«El problema de este Gobierno es que pretende seguir llevándose entre u$s 7 y u$s 8 mil millones entre soja y girasol, que el productor necesita para que se reactive la economía en el interior», dijo Buzzi.
Luego de la manifestación, el Gobierno reaccionó con fuertes críticas a través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien cargó las tintas sobre la «metodología» de la FAA y puso en duda de la capacidad para «defender a los trabajadores, porque la entidad no quiso firmar la jornada de ocho horas» para el agro.
Según trascendió, Tomada decidió recibir ayer a los directivos de la firma y hoy a los dirigentes de la UOM. Además, a las críticas de Tomada se unieron las de la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, y del secretario de Agricultura, Carlos Cheppi.
Luego de muchos meses de silencio, Cheppi advirtió, sin individualizarlos, que existen «sectores concentrados que generan presiones muy fuertes» con el objetivo de que el Gobierno disponga una reducción de las retenciones del 35% para la soja, del 23% para el trigo y del 20% para maíz.
El funcionario rechazó que el campo esté «quebrado», como argumenta la dirigencia, aunque admitió que actualmente hay «una sequía tremenda».


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