El Congreso amenaza la supervivencia de Temer

La Cámara de Diputados debe decidir si lo aparta por 180 días para que enfrente un juicio por presunta recepción de sobornos ante el Supremo Tribunal Federal.

Sin respiro. El presidente brasileño, Michel Temer prácticamente ya no gobierna. Toda su energía se destina a la supervivencia de su mandato.

Brasilia - El presidente brasileño Michel Temer perdió ayer el primer embate en una comisión parlamentaria que evalúa una grave denuncia por corrupción en su contra, cuando el instructor del caso pidió que se lo suspenda por 180 días para que pueda ser sometido a un juicio penal.

Hasta ahora, el Gobierno consideraba que Temer no llegaría a esa situación. Esperaba que la votación en la Comisión de Constitución y Justicia, que no es vinculante, le fuera favorable y que el pleno de la Cámara baja le diera el tercio de los votos suficiente para bloquear la iniciativa. Sin embargo, el abandono de muchos diputados de la base aliada (ver aparte) hace pensar ahora que es posible que se dé una votación adversa en comisión y, acaso, en el pleno.

"Tenemos indicios suficientes para recomendar que la denuncia sea acogida", los que hacen que "la acusación no sea fantasiosa", declaró Sergio Zveiter, instructor de la CCJ de la Cámara de Diputados.

"Tiene que haber una investigación de los hechos bajo sospecha", aseveró el legislador sobre la denuncia por corrupción pasiva contra Temer presentada por la Procuración General.

Verdad

Zveiter pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer, pero aun así consideró que "la sociedad tiene derecho a una verdad" que solo podrá conocerse en un juicio, en el que aquel "tendrá amplio derecho de defensa".

Observadores señalan que Zveiter es un hombre cercano a la familia Marinho, dueña del multimedio Globo, que pide la renuncia de Temer. Asimismo, es amigo del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, quien sucedería a Temer (ver página 20).

Esa comisión, que debatirá el caso a lo largo de la semana, es la primera instancia en que la Constitución establece que se analice una acusación penal contra un jefe de Estado, que en caso de que la denuncia sea acogida sería suspendido durante los seis meses que duraría el proceso.

El segundo paso será en el pleno de los 513 diputados, en el que es necesaria al menos una mayoría de dos tercios (342) votos para autorizar al Supremo a la instauración de un juicio penal.

El procurador general, Rodrigo Janot, fundamentó su acusación en testimonios brindados por ejecutivos del grupo JBS, que en el marco de un acuerdo de cooperación afirmaron que sobornan a Temer desde 2010.

Además, entregaron un explosivo audio grabado por el dueño de ese grupo cárnico, Joesley Batista, durante una reunión que tuvo con Temer en la residencia oficial y en el que relata, frente a la aceptación de este, maniobras ilegales que hacía en beneficio de esa empresa ante ministros e incluso jueces.

La acusación también sostiene que Temer sería el destinatario de 500.000 reales (unos 152.000 dólares) que su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures recibió del grupo JBS y le fueron entregados en una pizzería, lo cual fue filmado por la Policía Federal.

Rocha Loures, quien está bajo libertad vigilada, admitió la recepción del dinero y hasta lo devolvió a la Justicia, pero sin aclarar por qué le fue entregado ni si era para Temer, como sostiene Batista.

Agencias EFE y AFP, y Ámbito Financiero