El decreto de Trump induce a EE.UU. a una batalla político-judicial

Quienes presentaron amparos contra la medida afirman que el presidente discrimina a los inmigrantes por su religión, algo prohibido por la Constitución.

Washington - Aunque fue suspendido temporalmente, el decreto por el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso un veto migratorio contra siete países de mayoría musulmana ha encendido las alarmas de expertos que advierten que esa y otras decisiones podrían poner en jaque el orden constitucional.

Los más críticos con esta medida, considerada como la discriminación de quienes practican el islam tanto dentro como fuera del país, alegan que supone un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, donde se protege la libertad religiosa. Es así que los estados de Washington y Minesota, gobernados por demócratas, interpusieron una demanda contra el veto de Trump por inconstitucionalidad, que luego derivó en el bloqueo del decreto el viernes por parte del juez federal James Robart.

Como explica Lana Ulrich, consejera legal del Centro Nacional de la Constitución de EE.UU., en el texto la orden no contiene un lenguaje específico contra esos fieles, como también defendió la Casa Blanca, pero su contenido esconde otras intenciones.

La medida no excluye a los musulmanes por su religión, sino que se dirige a todos los ciudadanos de esos siete países que mayoritariamente practican el Islam -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen-, donde también conviven otras creencias. En la orden también se indica que una vez que se reanude el programa de refugiados, "el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional", hará las modificaciones pertinentes permitidas por ley "para dar prioridad a los reclamos de refugiados hechos por individuos por persecución religiosa". Y añade: "siempre que la religión del individuo sea una religión minoritaria en el país de nacionalidad del individuo"; es decir, las minorías cristianas.

"Dado que los siete países son de mayoría musulmana, bajo esta disposición, parece que los cristianos tendrán prioridad", alerta Ulrich, y ahí sí puede haber conflictos constitucionales.

La reacción de Trump al bloqueo ordenado por Robart fue casi inmediata, tachándola de ridícula, lo que anticipa una dura pelea en los tribunales que podría incluso llegar a la Corte Suprema.

En los alegatos sobre la constitucionalidad del veto, añade Ulrich, este podría encontrar otro escollo en la Quinta enmienda, ya que es la encargada de garantizar "igual protección" a los ciudadanos, aludiendo a que la base de la orden discrimina "de manera inadmisible" sobre el origen nacional.

Asimismo, según explica una experta constitucionalista de la Universidad de Georgetown, Yvonne Tew, "las declaraciones del presidente Trump durante la campaña presidencial" podrían utilizarse en su contra para sostener el argumento discriminatorio. "El llamado a 'un bloqueo total de los musulmanes que ingresan a Estados Unidos' y la implementación de un registro musulmán, podrían ser usados como evidencia para plantear preguntas sobre la intención de la política de inmigración dirigida a los siete países de mayoría musulmana", detalla Tew.

Como explica el Director Legal de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), David Cole, "una de las preguntas críticas con respecto a la validez de la acción ejecutiva" es "su intención y efecto". Si se pretende desfavorecer a una religión en particular, viola el principio de neutralidad por origen, "incluso si en algunos países significa privilegiar a los cristianos y en otros países a los musulmanes".

Los expertos en la Constitución están desbordados en estas fechas, tratando de desentrañar las posibles violaciones de la Carta Magna estadounidense por parte del nuevo Gobierno de Trump.

Y es que además del polémico veto, otras de sus medidas también pueden desembocar en conflictos constitucionales, como la orden por la que instó a las agencias federales a retirar los fondos a aquellas ciudades que opten por no perseguir a los inmigrantes indocumentados, conocidas como "ciudades santuario". "Hay problemas con el federalismo en una orden para recortar fondos a las ciudades santuario. En casos anteriores, donde los tribunales examinaron los recortes que el Congreso amenazaba con hacer, la cuestión era si el gasto (o las condiciones que se le asignaban) cumplían ciertas restricciones", explicó Ulrich. "De lo contrario, existía la amenaza de que fueran 'inconstitucionalmente coercitivos' y violasen los principios del federalismo", agregó.

Con un Legislativo completamente republicano, las radicales medidas del magnate inmobiliario y su particular forma de Gobierno están poniendo a prueba la división de poderes del país, cuya fortaleza, según apuntan las expertas, se demostrará en los próximos meses, especialmente tras la decisión de Robart.

"Es imposible prever dónde estaremos mañana o pasado mañana" respecto a esta batalla jurídico-política, explicó Peter Spiro, profesor de derecho en la Universidad Temple de Filadelfia. "Si tuviera una visa" para entrar a Estados Unidos, "me iría enseguida al aeropuerto más cercano para tomar el próximo vuelo", dijo.

Para muchos, la suspensión del decreto ilustra la falta de coordinación del equipo de Trump. La Casa Blanca aplicó una política voluntarista sin tener el consenso suficiente. Varios artículos publicados en la prensa estadounidense señalan que el jefe del Departamento de Seguridad Interior, John Kelly, se quejó de haber sido puesto al frente del decreto cuando la decisión ya había sido tomada por la Casa Blanca. A su vez, según Spiro, Trump cometió un error al burlarse en Twitter del juez Robart, a quien tildó de "supuesto juez". "Es algo que los jueces no aprecian, sea cual sea su color político", concluyó Spiro.

Agencias EFE y AFP