El escándalo salpica también a Cameron

El canciller británico William Hage dio ayer garantías sobre la legalidad de las tareas de inteligencia del Gobierno. Sin embargo, crece la percepción de que la cooperación con EE.UU. cercena libertades públicas.

Londres - El Gobierno del Reino Unido salió ayer a defenderse de un creciente coro de críticas y afirmó que sus servicios secretos actúan dentro de la legalidad y con las debidas autorizaciones, tras divulgarse que colaboran con el masivo programa de ciberespionaje de Estados Unidos.

El ministro británico de Relaciones Exteriores, William Hague, hará hoy una declaración ante la Cámara de los Comunes después de que The Guardian publicara que el centro de escuchas y decodificación de los servicios secretos británicos utiliza desde 2010 un programa secreto estadounidense, PRISM, para recoger información privada de los principales servidores de internet.

Ayer, en un programa dominical de la BBC, Hague salió al paso de la creciente polémica a ambos lados del Atlántico por este espionaje al negar que el centro de escuchas británico GCHQ, ubicado en Cheltenham (oeste de Inglaterra) y cuyas actividades son secretas, sortee la legalidad.

"La idea de que los empleados del GCHQ se ocupen de cómo sortear las leyes británicas con otra agencia en otro país es algo ilusorio, es una tontería...", dijo el responsable del Foreign Office, quien insistió en el "estricto marco legal" en el que opera.

Según Hague, la actuación del GCHQ está siempre "autorizada, es necesaria, proporcionada y va dirigida" contra posibles amenazas, por lo que los ciudadanos británicos que cumplan la ley, aseguró, "no tienen nada que temer".

Agencias EFE y ANSA