El Frente Amplio lame heridas tras un triunfo pírrico

José Mujica

Montevideo - Después de haber eliminado tres polémicos artículos de una ley que consagraba en Uruguay la impunidad de militares y policías que cometieron crímenes diversos en la última dictadura (1973-1985), la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) se preparaba ayer para enfrentar las consecuencias políticas, según algunas de sus figuras representativas.

«El Frente lo va a procesar naturalmente y saldrá fortalecido» aseguró ayer el senador Oscar López Goldaracena, quien además lleva adelante varias causas judiciales en su condición de abogado defensor de víctimas de aquellos crímenes.

Agregó que «se producirán los dolores de parto naturales cuando se tratan estos temas», pero «no habrá sacudones y eso se verá en las próximas instancias electorales» que enfrentará la izquierda. Una de ellas son las elecciones nacionales de 2014.

El debate de la norma interpretativa de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado llevó doce horas el martes en el Senado y se aprobó sólo con los votos del oficialismo, aunque votó en contra el senador Jorge Saravia, y el ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro dijo que apoyaba la iniciativa «por disciplina partidaria» aunque no estaba de acuerdo con esa salida.

Fernández Huidobro además, anticipó que renunciará a su banca en el Senado en los primeros días de mayo, pero restó dramatismo al tema. «Hay que sacarle drama a todo esto. Sigo siendo frentista, militaré para el Frente Amplio y continuaré militando en otros lados», recalcó ayer, un día después del arduo debate legislativo.

Afirmó también que «acá no hay fractura». «Yo dí mi voto y el proyecto salió gracias a mi voto». «Seguiré junto al compañero (José) Mujica», subrayó.

Este senador, que integró el Movimiento de Libera-ción Nacional «Tupamaros» (MLN-T) e impulsó la guerrilla urbana en la década de 1960, está convencido que la decisión del Frente Amplio es «un error político garrafal» y que la nueva norma tiene muchos flancos atacables.

El senador socialista Daniel Martínez opinó que «el tema habrá que procesarlo» y «la historia dirá» si fue un error. «Ahora se necesita cabeza fría y visión unitaria. Lo importante es que se elimina una ley que era una vergüenza nacional», completó Martínez.

«Es paradójico que una fuerza que siempre luchó por la libertad, la justicia y los derechos humanos haya tenido tantas dificultades para terminar con esta ley», dijo desde París Zelmar Michelini, hijo mayor del exlegislador del mismo nombre, secuestrado y asesinado el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires, por fuerzas represivas de Uruguay y Argentina.

La nueva norma, que ahora se tratará en la Cámara de Diputados, seguramente el 4 de mayo, elimina tres artículos de los 16 de la ley 15.848, promulgada en 1986 y ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009.

Pese a esas instancias, siempre fue criticada por organizaciones de derechos humanos que reclaman esclarecimiento de todos los crímenes de la dictadura y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ante el impacto político que provocó este pronunciamiento del congreso uruguayo, el presidente Mujica ratificó ayer que no vetará la ley si, como se supone, tiene un trámite favorable también en Diputados y se le envía para su promulgación. El Presidente se reunirá hoy con los altos mandos militares para tratar el tema, junto con su ministro de Defensa, Luis Rosadilla.

Agencia DPA