El macrismo apura la votación de leyes clave antes que la velocidad de la campaña le complique el acuerdo con el PJ para sancionar temas complejos. El discurso de Macri a empresarios traducido en dos proyectos polémicos.
Cena. Mauricio Macri, junto a Juliana Awada y Margarita Barrientos. El Presidente busca aprobar leyes clave antes que llegue la campaña 2017.
El Congreso tendrá un fin de año mucho más activo que el que se anticipó hasta ahora. Mauricio Macri quiere dar un mensaje por partida triple, a empresarios, sindicalistas y al PJ, y apuró el envío de un paquete de proyectos de leyes que ingresaron el viernes pasado al Congreso, para ser votado antes que termine 2016. En el espectro del macrismo ingresó así como clave una reforma a la ley de accidentes de trabajo que intenta bajar la presión sobre las empresas, otra que establece un régimen de sanciones a empresas por cohecho tanto en la Argentina como en el exterior (sistema que el país no tuvo y que lo pone en línea con la legislación más avanzada) y una reforma a los superpoderes del Ejecutivo para modificar el destino y monto del gasto público que reducirá en escalas toda la enorme delegación de facultades del Congreso a la Casa Rosada que los Kirchner hicieron votar en 2006. Veamos.
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El cronograma que el Gobierno analiza hasta ahora contempla votar toda la batería de proyectos antes del 30 de noviembre, cuando finalice el período de sesiones ordinarias. De todas formas, Luciano Laspina primero y este fin de semana otros diputados del macrismo confirmaron que seguramente habrá sesiones extraordinarias para terminar con todo ese listado de proyectos que incluye también el Presupuesto 2016, la reforma electoral y varias leyes sobre seguridad.
Hay un caso especial que aún no tiene definición de fecha límite. La reforma a las escalas del Impuesto a las Ganancias llegaría al recinto de Diputados recién la última semana de noviembre. Sólo ese proyecto justificaría habilitar extraordinarias para que el Senado lo sancione.
Entre los asuntos a ingresar esta semana al recinto de Diputados está la reforma al Ministerio Público Fiscal que entre otros temas recorta el mandato a Alejandra Gils Carbó y el Régimen de Contratación Público Privada, que ya cuenta con la aprobación del Senado y que establece una nueva normativa para la asociación del Estado y los empresarios para la realización de grandes obras de infraestructura. Ese proyecto ya tiene dictamen en Diputados, pero sufrirá cambios ya que no hay acuerdo dentro del propio radicalismo y hay pedidos de reforma por parte del Frente Renovador, que debe aportar votos esenciales para aprobar todo este paquete. También está en la puerta del recinto un proyecto para reforma la Ley de Subrogancias.
El Gobierno envió a Diputados, el viernes pasado, el proyecto que propone una reducción gradual de las facultades delegadas por el Legislativo al Ejecutivo para reasignar partidas en el Presupuesto nacional. Allí se propone reducir a 10% del gasto total la posibilidad de reasignar recursos en 2017, a 7,5% en 2018 y a 5% en 2019. "Nosotros pedíamos la limitación de los superpoderes cuando éramos oposición y lo seguimos exigiendo ahora que somos oficialismo", dijo Laspina en ese sentido.
Junto con ese proyecto el Gobierno giró al Congreso otro de responsabilidad penal para las personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública y por cohecho internacional, que prevé sanciones. Propone una reforma del Código Penal donde se contemplan multas de entre el 1% y el 20% de los ingresos brutos anuales que la empresa hubiera tenido en el ejercicio anterior a la comisión del delito, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.
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