El Gobierno de México espió a los expertos de la masacre de Iguala

Utilizó un software para interferir los teléfonos de los enviados por la CIDH. El presidente Peña Nieto negó la versión.

Ciudad de México - Los investigadores enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de espionaje, reveló ayer un estudio el lunes, atizando un escándalo que puso en el ojo de la tormenta al presidente Enrique Peña Nieto.

Un teléfono utilizado por los expertos de la CIDH recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group y que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales, se indica en un análisis de la Universidad de Toronto. Este sistema fue adquirido por el Gobierno de México.

Los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco después de que los expertos "criticaran al Gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaban su reporte final" sobre este crimen que costó al Gobierno numerosas críticas por parte de la comunidad internacional, se lee en la conclusión.

La CIDH consideró "extremadamente preocupante" la información presentada por miembros del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciando el presunto espionaje, afirmó el presidente de esta Comisión de la OEA, el peruano Francisco Eguiguren.

El análisis de la universidad canadiense confirmó además que "al menos 19 personas fueron blanco del programa NSO en México, incluyendo abogados, políticos, periodistas, activistas que combaten la corrupción, científicos, defensores de la salud pública, agentes gubernamentales y sus familiares".

Se trata de "un abuso sistemático de esta tecnología, mayor al que jamás hayamos visto en cualquier otro caso examinado" en los últimos cinco años, afirmó John Scott-Railton, uno de los principales investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

El escándalo sobre el presunto espionaje estalló el 19 de junio a raíz de un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y otras organizaciones.

Esto llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al Gobierno de México por intervenir sus celulares. Algunos de los compradores de Pegasus son el Ministerio de Defensa Nacional de México y la fiscalía general.

Peña Nieto rechazó cualquier intervención en la vida privada de los ciudadanos y ordenó a la fiscalía general una investigación que lleve ante la Justicia a "aquellos que levantaron estos falsos señalamientos contra el Gobierno", lo que fue interpretado como una amenaza.

Pegasus envía mensajes SMS desde direcciones o dominios falsos supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta la embajada de Estados Unidos, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo. Una vez infectado por Pegasus "tu teléfono es un espía en tu bolsillo", comenta Scott-Railton.

Las acusaciones de espionaje del Gobierno a periodistas y activistas no son nuevas en México, pero este caso se produce en uno de los años más cruentos para la prensa mexicana con el asesinato de seis periodistas desde enero a la fecha. Además, estas revelaciones reabren la herida del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, que cimbró a México con multitudinarias manifestaciones que incluso pedían la renuncia de Peña Nieto.

El grupo de la CIDH, que trabajó en México durante un año, refutó la llamada "verdad histórica" de la fiscalía, que sostenía que los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, habían sido masacrados por policías coludidos con narcotraficantes, que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río. Sin embargo, hasta ahora solo han sido plenamente identificados los restos de una sola víctima.

Agencia AFP, DPA y EFE