Mientras crece el malestar entre los productores por los daños que genera la sequía, la Casa Rosada sigue intentando dar señales positivas. Ayer fue el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien salió a prometer que el Gobierno «no le va a soltar la mano» al campo. También el ministro del Interior, Florencio Randazzo, salió a prometer colaboración.
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De todos modos, los funcionarios kirchneristas evitaron hacer anuncios sobre un punto que los ruralistas consideran central: la declaración de una emergencia agropecuaria nacional. Por ahora, en el oficialismo entienden que la ayuda se debe canalizar a través de gobernaciones e intendencias.
«El campo es un sector muy importante en nuestra economía, y hoy enfrenta una dificultad que no tiene que ver con las condiciones internacionales, sino con las climáticas», reconoció Massa. La línea de acercamiento había comenzado a tratarse con un grupo de gobernadores, entre los que sobresale el bonaerense Daniel Scioli, quien en la última semana salió en repetidas ocasiones a asegurar que «el campo tiene razón» en sus pedidos de ayuda.
Randazzo, en tanto, aseguró que la Nación «asume el compromiso de colaborar con todos los productores agropecuarios, afectados por la sequía, en defensa de la producción».
«La decisión del Gobierno es no soltarles la mano a los productores», sostuvo a su vez Massa. Se «asistirá a gobernadores e intendentes», completó. Sobre este último punto existen diferencias con la dirigencia rural, que pugna por alcanzar algún tipo de control sobre la asistencia que se dé a productores y que implicaría unos $ 800 millones.
En tanto, el campo aguarda por la declaración de una emergencia agropecuaria nacional, la cual podría ser lanzada por el Gobierno antes de que termine esta semana. Las provincias comprometidas son Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Chubut, Salta, San Juan, Neuquén y Tucumán.
Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba y La Pampa ya decretaron la emergencia agropecuaria a nivel provincial, pero esto sólo posterga el pago de impuestos locales. La declaración de emergencia y desastre agropecuario en todo el país -ya solicitada por la Mesa de Enlace- implicaría el diferimiento y en algunos casos supresión de obligaciones impositivas nacionales.
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