El Gobierno ya prepara veto a ley que suspende retenciones

Cristina de Kirchner

Cristina de Kirchner pagará esta semana el costo político de vetar la suspensión por 180 días del pago de retenciones a las exportaciones de granos que el Congreso incluyó la semana pasada dentro de la ley que declaró la Emergencia Agropecuaria para algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno ya tomó la decisión de firmar el veto a esa ley cuando todavía no tiene claro por qué sus propios bloques de Diputados y el Senado apoyaron ese proyecto de Francisco de Narváez.

Ya sea que la sanción de esa ley haya sido consensuada por el propio oficialismo o que se llegara a la votación por ineficiencia parlamentaria del kirchnerismo, el veto a una ley en las actuales condiciones significaría una clara señal más hacia el nuevo Congreso que asumirá en diciembre que hacia el actual.

Una vez que se renueven las Cámaras, el kirchnerismo perderá la mayoría frente a toda la oposición unificada. En ese escenario a Cristina de Kirchner no le quedará otra opción que el veto para frenar leyes opositoras. Es decir, que tomar una decisión de ese tipo ahora sería un mensaje complicado al Parlamento que viene prenunciando de qué forma piensa gobernar la Presidente cuando no controle al Congreso.

En el bloque kirchnerista de Diputados ya se dio como un hecho durante el fin de semana que la suspensión de retenciones bonaerenses sería vetada. De hecho, los diputados saldrán a apoyar ese veto, una curiosidad institucional ya que ellos mismos apoyaron en el recinto una emergencia que se sancionó, también en el Senado, por unanimidad.

En la misma línea que el bloque oficial, Eduardo Fellner salió a defender el veto levantando la teoría del «error» legislativo. Para él, quitarle las retenciones a sólo un grupo de distritos sería «discriminatorio e injusto». De ahí que defendiera la posibilidad de eliminar de la ley el artículo 4 que anuló las retenciones por 180 días para 22 distritos y las bajó a la mitad en otros 15.

Sin hablar específicamente de un veto, Fellner actuó el fin de semana como un vocero del Gobierno para anticipar una decisión presidencial que encenderá aún más el incendio en la relación entre el campo y la Casa Rosada.

En un comunicado, que en parte intenta justificar como un error la votación de la suspensión en Diputados que luego el Senado convirtió en ley, explicó: «Jamás existió voluntad política de parte de los diputados de incurrir en discriminación entre provincias o regiones que sufrieron desastres naturales que fueron los que motivaron la declaración de esas zonas en emergencia».

Más claro es el párrafo donde llama a la «sensatez política y la comprensión para la convivencia». Es decir, comienza a preparar el camino para la nueva crisis que puede suponer eliminar una suspensión de retenciones en distritos en emergencia después que el Congreso la hubiera aprobado por unanimidad.

Curiosamente, es la misma situación que se vivió en el Congreso cuando Cristina de Kirchner vetó la Ley de Protección de Glaciares, último antecedente registrado de una observación total a una norma por parte del Gobierno.

La señal que se enviará al Congreso, si el Gobierno veta el artículo polémico en la Emergencia Agropecuaria bonaerense, implica también anunciar que la Comisión de Trámite Legislativo que debe controlar los DNU, los decretos firmados en virtud de facultades delegadas y los decretos de veto, pasará a ser definitivamente sólo una formalidad. Allí el Gobierno deberá frenar cualquier intento opositor por resistir un veto presidencial, por lo que pasará a ser más útil que nunca la reglamentación del control de los decretos que Cristina de Kirchner hizo aprobar cuando aún era senadora por la provincia de Buenos Aires. Ese reglamento permite, en la realidad, que un DNU o cualquier disposición presidencial continúe vigente «in eternum» aunque el Congreso no debata su ratificación.