El nuevo decreto de Trump sumió a las familias migrantes en un limbo legal

Aunque prohíbe que sean separadas, padres e hijos esperarán el estudio de su caso en prisión. Tampoco existe un plan para reunificar a los 2.400 menores que fueron apartados.

“BIENVENIDO A EE.UU”. Ese es el título de la portada de la revista Time, ilustrada con un collage entre una de las fotos emblemáticas de la crisis -una niña llorando en la frontera en momentos que su madre era arrestada por la Policía- y el presidente Donald Trump.

Washington - El decreto de Donald Trump que da marcha atrás con la separación de las familias que ingresan ilegalmente a Estados Unidos creó un limbo judicial que la Casa Blanca intentó solucionar ayer al pedir a un juez federal que se extienda el límite actual de 20 días para la detención de menores de edad.

"Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al de Justicia que trabajen para mantener juntas a las familias de inmigrantes ilegales y reunir a esos grupos que antes estaban separados", ratificó el presidente ayer frente a un grupo de periodistas antes de comenzar una reunión de gabinete.

Los más de 2.300 pequeños que fueron arrebatados a sus progenitores entre abril y junio, provenientes en su mayoría del violento Triángulo del Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), viven ahora una situación de incertidumbre debido a que todavía no se sabe la forma como reunificarán a las familias y cuánto tiempo tomará hacerlo.

"Tenemos que albergar a estos menores y tenemos que albergarlos de forma segura y cuidarlos. Después deberíamos devolverlos a casa", defendió Trump y aclaró que el objetivo final de su política de "tolerancia cero" sigue siendo deportar a todos los que ingresen ilegalmente al país.

El mandatario no explicó cómo hará para conciliar su decisión de ejecutar su puño de hierro contra los sin papeles y las nuevas directrices a las que llegó presionado por las críticas de su esposa Melania, el papa Francisco y las principales organizaciones de derechos humanos y civiles del país y el mundo. La falta de detalles no es casual. La nueva medida presidencial creó un limbo judicial que el Gobierno no puede resolver por sí solo ya que un fallo de la Corte Suprema de 1993 estableció que los menores de edad no pueden estar detenidos más de 20 días.

Es por eso que el fiscal general Jeff Sessions pidió un cambio de esta regla en la Justicia federal para poder detener a los niños inmigrantes todo el tiempo que estén detenidos sus padres, es decir, hasta que atraviesen y culminen sus procesos legales y se decida su permanencia en el país o su deportación.

Mientras tanto, la oposición demócrata no sólo expresó sus dudas sobre la voluntad política de Trump, sino que lo acusó de manipular el tema migratorio para presionarlos a aprobar su proyecto de reforma, incluido la extensión del muro fronterizo.

"Estoy muy preocupado por informes de que el Gobierno, en su apuro por mantener de rehenes a niños inocentes para exigir fondos para el muro fronterizo, no ha planeado ni dispuesto apropiadamente un proceso para reunir a las familias luego de su separación", denunció el senador Tom Carper, citado por la cadena ABC.

Kay Bellor, vicepresidente de la división programas del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una de las organizaciones de reubicación de refugiados más grandes de Estados Unidos, también se mostró preocupado por la posibilidad de que los niños sigan detenidos, aun cuando estén con sus padres. "Aunque los chicos ya no van a ser arrancados de los brazos de sus padres con el único propósito de disuadir la inmigración, irán a prisión con sus padres. La prisión nunca es un lugar apropiado para un niño", sentenció.

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (HHS), recibió bajo la política de "cero tolerancia" a los pequeños en albergues que se extienden por estados como Texas, Florida, Virginia, Nueva York y Carolina del Sur, adonde llegan en vuelos comerciales de aerolíneas como American Airlines y Unites, que son pagados por el Estado.

Las imágenes de niños en jaulas llorando y preguntando por sus padres en un centro temporal de Texas fueron determinantes en la polémica. Por esa razón, legisladores y ciudadanos de Florida decidieron presionar durante varios días a las afueras del "Homestead Branch", uno de los albergues en Miami donde cientos de menores han llegado desde abril, para conocer las instalaciones. El hogar del sur de Florida, en donde hay cerca de 1.000 niños que fueron separados en la frontera o que cruzaron solos, está rodeado por una lona que impide ver su interior. La seguridad en el lugar es extrema.

El HHS reveló fotografías y un video sin audio de su interior. En las imágenes salen los menores -que aparentan todos más de 12 años de edad-cubriendo sus rostros, comiendo, pintando, haciendo operaciones matemáticas, viendo televisión y jugando. Los avisos a lo largo de los pasillos son en español y la supervisión es similar a la que reina en cualquier centro carcelario. Las caminatas en fila, el silencio, las habitaciones compartidas entre seis o más y la división de género son algunas de las reglas que se deben cumplir.

Agencias DPA, ANSA, AFP y Reuters,

y Ámbito Financiero