El oficialismo se confiesa: Conti cerraría Consejo de la Magistratura

El presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, y la consejera oficialista, Diana Conti, quien sorprendió al asegurar que, si puediera, «reformaría la Constitución y volvería al sistema anterior”.

La diputada y consejera oficialista Diana Conti sorprendió ayer al afirmar que, si de ella dependiera, eliminaría el Consejo de la Magistratura, durante una jornada caótica que comenzó con una frustrada reunión cerrada de los consejeros. «Con el transcurso de los años pasados y viendo la experiencia y para qué sirvió, es un organismo que si yo pudiera, reformaría la Constitución y volvería al sistema anterior», señaló la legisladora kirchnerista, una de las principales defensoras -hasta el momento- del estado actual del cuerpo colegiado que administra, selecciona y juzga a los jueces.

Conti ya había insinuado un cambio de postura durante la semana, al criticar el actual proceso de selección de jueces y destacar que era necesario hacer cambios en el funcionamiento del organismo. Ayer agregó que el Consejo de la Magistratura debería contar con «un Consejo Asesor y la participación del ciudadano para que pueda opinar». Paradójicamente, más allá de la propuesta de volver al sistema anterior (en el que el Poder Ejecutivo y el Legislativo seleccionaban y juzgaban a los jueces y la Corte Suprema de Justicia estaba a cargo de la administración del Poder Judicial), la diputada volvió a defender la composición actual del organismo, reducido en la reforma de 2006 de 20 a 13 miembros, y aseguró que «el equilibrio logrado con esta composición es el deseado. La Constitución establece el Consejo de modo de procurar el equilibrio por los sectores resultantes de las elecciones, por jueces, abogados y algún académico. Ningún sector puede decidir nada sin charlar con el otro».

Las declaraciones de Conti no fueron la única sorpresa del día en el Consejo, que comenzó con una fallida reunión a puertas cerradas, convocada la semana pasada por el presidente del cuerpo, Luis María Bunge Campos. A las 10 de la mañana, la sala de plenario estaba atestada de medios, pero escasa de consejeros: sólo apareció el consejero abogado Pablo Mosca, quien abrió la apuesta de declaraciones fuertes, al advertir que «tal como está (el Consejo) podría implicar un peligro institucional», ya que el juez «amigo del poder quizá tendrá garantizada alguna medida de inmunidad». El resto (a excepción de los legisladores kirchneristas Carlos Kunkel y Marcelo Fuentes, y el juez Luis María Cabral, que se excusó por razones personales) circulaba por el edificio.

Bunge Campos finalmente apareció en la sala para comunicar que no se había realizado la reunión, por «falta de quórum», y resaltó que el mismo consejero que había solicitado la reunión lo había llamado durante la mañana para suspenderla. Ese consejero fue el vicepresidente del cuerpo y jefe de la bancada radical de senadores, Ernesto Sanz, quien habría comentado con el camarista la necesidad de hablar entre los consejeros sobre una posible reforma del Consejo y convenir una postura frente a las crecientes críticas al organismo. El pedido para que se levante la reunión se debió a que el objetivo era que se discutieran de manera informal estos temas, y no convocar a un encuentro de carácter «reservado». De hecho, esta convocatoria fue criticada por los kirchneristas Conti y Kunkel, quien ayer incluso envió una carta mostrando su desacuerdo, en la que sostenía que «no considero oportuna ni conveniente mi presencia en la reunión plenaria del día jueves 30, dado mi carácter de diputado nacional que debe exhibir transparencia y publicidad en todas sus actividades, especialmente las institucionales».

Además de enfrentar a la prensa para explicar por qué no se había realizado la reunión, Bunge Campos opinó que el organismo se había reformado «demasiado rápido», aunque destacó que «la composición anterior tampoco era equilibrada» y enfatizó la necesidad de respetar el equilibrio de estamentos, según lo estipulado en la Constitución. Luego se continuó con las comisiones programadas para ese día. En la Comisión de Disciplina y Acusación se determinó de manera unánime citar al juez Claudio Bonadío, en el marco de una acusación por mal desempeño (ver aparte).

Las posibilidades de que los problemas del Consejo se discutan en ese ámbito se cerraron ayer, al menos en lo que respecta a reuniones entre todos los consejeros. Varios consejeros, sin embargo, sí señalaron que iban a impulsar el debate de modificaciones en el reglamento del organismo, sin entrar en la reforma de la ley, que es competencia del Congreso. Éste fue uno de los pocos puntos en los que acordaron la mayoría de los estamentos que, por lo demás, se encuentran cada vez más fragmentados en sus demandas.

El radicalismo impulsa ahora la participación de la Corte Suprema en el cuerpo, para que se haga cargo exclusivamente de la administración del Poder Judicial, mientras se mantiene en el proyecto de sólo incorporar un consejero académico y un abogado al cuerpo. Los jueces piden desde más participación para todos los estamentos, menos el político y el regreso del máximo tribunal a la presidencia del organismo, hasta que la mitad del Consejo sea integrada por jueces. Los abogados, por su parte, reclaman respuestas de la Corte Suprema por su pedido de inconstitucionalidad de la reforma y pretenden que sólo conformen el cuerpo los académicos, abogados y jueces. Y el oficialismo se vadea entre la defensa del estado actual de la Magistratura y la propuesta de eliminarla directamente.