25 de septiembre 2009 - 00:00

El oro líquido que seca a los productores

El paisaje patagónico está poblado de campos que abandonaron la actividad agropecuaria al descubrirse petróleo en su subsuelo.
El paisaje patagónico está poblado de campos que abandonaron la actividad agropecuaria al descubrirse petróleo en su subsuelo.
A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados del mundo, en los que encontrar petróleo es una bendición para el propietario del predio donde se produce el hallazgo, en la Argentina ocurre todo lo contrario. De hecho, ya solamente con la prospección se tiene, prácticamente, un pasaporte a la desaparición del campo, al menos como establecimiento de producción agropecuaria.

Sólo en la zona del Golfo de San Jorge, entre la precordillera y la costa del Atlántico, ya hay más de 750.000 hectáreas rurales afectadas directamente, según datos de Aníbal Parolín, presidente de la AASEP, entidad que nuclea a los superficiarios (como se los conoce en forma genérica), mientras que en el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz ya desaparecieron las ovejas, en parte por el daño ambiental causado, y también por el incremento del abigeato que viene de la mano de la actividad. «Los alrededores de Comodoro Rivadavia parecen un paisaje lunar», puntualiza el dirigente.

Así, petróleo, gas, distintos tipos de «ductos» y otros tendidos que atraviesan por arriba y por abajo del suelo los campos convierten prácticamente en parias a sus propietarios, causándoles daños de distinta magnitud que pueden llegar hasta la destrucción casi total de los predios productivos. Es la diferencia entre el código británico y el español, en el que el dueño de la tierra no lo es del subsuelo.

Países desarrollados

El hecho es que en la mayoría de los países desarrollados, al regir la legislación inglesa, el propietario/productor, como dueño del suelo y también del subsuelo, puede participar del control de los trabajos que se hacen en su campo, y no sólo se beneficia económicamente con ambas explotaciones, sino además no permite impactos ambientales a su propiedad.

Pero no solamente el sur está afectado. «El daño va desde Salta a Tierra del Fuego», señala Parolín. Y, de hecho, Mendoza, La Pampa, Río Negro y hasta Buenos Aires se suman día a día a las nuevas áreas dañadas.

Así las cosas, el esquema local termina siendo la antítesis de Estados Unidos o Europa, lugares en los que los cultivos llegan prácticamente hasta la boca de los pozos, y donde no es raro ver en plena cosecha las maquinarias agrícolas alrededor de los tremendos brazos negros bombeando, día y noche, el preciado combustible.

Aquí, no sólo no se es dueño del subsuelo (y de sus beneficios), sino que prácticamente tampoco se lo es de la superficie, pues no se puede negar la explotación, o el paso de los ductos. La autorización para los trabajos recibe el nombre de «derecho de servidumbre», y es obligatoria.

Los dueños de los terrenos no reciben como indemnización un porcentaje de lo extraído -regalía-, sino un monto que se debería fijar en forma bianual (la realidad indica que se lo hace cada 5 o 6 años y, de hecho, en este momento hace 13 años que no se actualiza) y que implica un tanto de los ingresos medios de la actividad agropecuaria en la zona que, mayoritariamente, son mucho más bajos que los que obtienen los establecimientos más modernos y tecnificados. Tanto es así que todavía se considera el «desgaste del burro» (el animal cuadrúpedo) para calcular el lucro cesante, según los sistemas de producción de hace, al menos, 50 años.

Lo perverso del sistema es que, a esta altura, muchos productores, si bien pelean para mejorar y actualizar los ingresos por las indemnizaciones, prefieren que las petroleras sigan quedándose, pues si se retiran no sólo dejarían de percibir el monto de la compensación, sino que además les quedaría el campo que ya está inutilizado para la producción e, incluso, es imposible de vender. En resumen, son rehenes casi voluntarios de los mismos que los dañan.

No es fácil entender cómo se llegó a semejante situación, especialmente cuando las empresas multinacionales están obligadas a cumplir, en todos los casos, con las últimas normas ambientales internacionales y hasta para conseguir financiación internacional, por ejemplo, con el Banco Mundial, hay que cumplir un capítulo que llamativamente se denomina «de la cuna a la tumba», y que obliga a presentar los estudios que demuestren que, si la compañía se retira de la actividad en una zona, ese predio quedará tal cual estaba antes de que comenzaran los trabajos.

«Nosotros, a diferencia de EE.UU. o la Unión Europea, arrancamos con un pecado original que fue el Código de Minería de 1886, que reglaba la actividad que se hacía en zonas marginales y, mayoritariamente, en tierras fiscales donde no había nada. Por ahí se colaron los petroleros, con YPF incluido», explica Parolín.

Para Fernando Suñer, secretario de la entidad, «sólo con que se cumpliera la ley vigente ya se habría dado un gran paso». El dirigente se refiere, por ejemplo, a la legislación que obliga a incorporar todos los avances tecnológicos disponibles (Ley 24.076), o a aplicar el sistema de piletas secas (en lugar de las húmedas) en el esquema de recuperación de pozos, o que se realice la efectiva recuperación del terreno una vez que se abandona la actividad, incluso, que se dejen los pozos de agua (que acompañan a las perforaciones petroleras) que permitirían el riego y la más rápida recuperación de la actividad agropecuaria, entre otras muchas cosas.

En síntesis: se debe cambiar urgente el sistema de explotación de combustibles y gas adoptando los últimos sistemas tecnológicos con menor impacto ambiental; es necesario mejorar los sistemas de indemnización para los sistemas viejos aún en explotación; es fundamental controlar el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes; se deberá hacer un plan de recuperación de las áreas contaminadas, hoy improductivas, que aumentan día a día.

Mientras allá producen (por dos), aquí los daños siguen acumulándose sin que, aparentemente, nadie se percate del asunto y, mucho menos, se haga cargo.

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