El otro Schoklender también apoderado

Los poderes en las escrituras que entregó Bonafini al juez detallan las amplias facultades que tenían los Schoklender en el manejo administrativo y financiero de la Fundación Madres.

Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender contaban con un «poder general amplio de administración y disposición» en la Fundación Madres de Plaza de Mayo desde 2006, cuando arrancaron los emprendimientos de construcción de la Misión Sueños Compartidos, hoy investigados por la Justicia. Así consta en las escrituras entregadas por la organización al juez federal Norberto Oyarbide, a las que tuvo acceso este diario. Éstas dan cuenta del rango amplio de acción que tuvieron los hermanos en su carácter de apoderados: Sergio, a partir 2006, y Pablo desde 2009.

El aporte de esos documentos, anticipado por Ámbito Financiero el martes, tuvo como objeto despegar a Hebe Bonafini de las presuntas irregularidades achacadas a Schoklender en el expediente judicial. El exapoderado, además, había entregado el viernes papeles que según su defensa demostraban que las resoluciones de Madres quedaban a cargo del Consejo de Administración de la entidad.

La escritura 1010/2006 fue firmada el 24 de octubre de ese año ante el escribano Carlos Gaitán. Por Madres la suscribieron Bonafini, como presidenta, y Juana Meller de Pargament en su carácter de tesorera. El poder otorgado a Schoklender incluía la administración de «todos los bienes muebles o inmuebles, automotores, registrables o no», así como la celebración de «toda clase de contratos» bajo «cualquier forma y condición». En el mismo ítem era autorizado a «exportar e importar bienes de cualquier naturaleza y origen».

Puntos finales

También podía «gestionar ante oficinas privadas, administraciones públicas y autoridades nacionales, provinciales, municipales, departamentales o extranjeras» y otros tipos de reparticiones «toda clase de expedientes». Quedaba habilitado a «dar y tomar en comodato, locación

o sublocación, arrendamiento o subarrendamiento, bienes muebles o inmuebles, con o sin contrato escrito, aún por más de seis años, fijando los precios, plazos y condiciones que estime oportuno convenir».

El poder se extendía a la adquisición de «toda clase de bienes»; la disposición de los impuestos de la Fundación; la toma de préstamos y la realización de depósitos, así como todo tipo de operaciones bancarias; la intervención en juicios, y el cobro de créditos, sueldos, remuneraciones, honorarios, jubilaciones, alquileres y dividendos, entre otros beneficios. Los puntos finales le daban margen para firmar escrituras y «otorgar poderes generales y especiales».

Este último punto, lo hizo valer el 2 de julio de 2009, cuando ante el mismo escribano el mayor de los Schoklender le extendió el mismo poder que detentaba a su hermano Pablo, mediante la escritura 378 de ese año.

La documentación aportada por los abogados de Bonafini fue incorporada de inmediato y considerada de importancia por Oyarbide, que ayer levantó el secreto de sumario que pesaba sobre el expediente desde que arrancó el escándalo, a fines de mayo, cuando se supo que Sergio Schoklender se había alejado de la Fundación.