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El PP y el PSOE pactaron una reforma de la Constitución
El objetivo es avanzar hacia el federalismo y reorganizar las competencias de las comunidades autonómicas.
DE LUTO. Una bandera separatista con un listón negro cuelga desde un balcón de Barcelona en protesta por la declaración de la independencia fallida del martes.
Dos años
De los trabajos de la comisión, que tiene el apoyo del 90% de los diputados, saldría un dictamen -se calcula que a mediados de 2018- con recomendaciones para un consenso sobre los cambios en la Carta Magna, y a partir de entonces se pondría en marcha. La reforma debería ser sometida a referéndum, que no se produciría antes de 2019.
No obstante, Sánchez avisa que un referéndum independentista de Cataluña pactado con Madrid no tendría cabida en la reforma de la Constitución. "Nosotros nos vamos a negar a ello. Estamos dispuestos a abordar cómo Cataluña se queda en España y no cómo Cataluña se va de España", afirmó el líder socialista.
Aprobada en un histórico referéndum y sancionada en 1978, la Constitución española es un símbolo del retorno a la democracia tras casi 40 años de dictadura de Francisco Franco, así como de la unidad de los españoles y del reconocimiento del derecho a la autonomía de las distintas regiones del país, como Cataluña.
Desde 2013, un año después de que estallara el actual conflicto catalán, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Sánchez, viene bregando por una reforma de la Constitución -resistida por el Partido Popular (PP) de Rajoy-, en línea con catedráticos que propugnan dar a la Carta Magna un sentido más federal. El PSOE argumenta que existe amplio consenso social y político sobre la vaguedad de los lineamientos constitucionales sobre estructura territorial y que en los últimos años ha crecido el descontento con el Estado y el modelo autonómico que alimenta separatismos, sobre todo en Cataluña y el País Vasco.
Independentistas catalanes han reclamado, en concreto, que la Constitución incluya el derecho a decidir la pertenencia de una región al Estado, algo que no está contemplado y que fue el argumento por el cual el Tribunal Constitucional (TC) español declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre.
La Constitución española ya tuvo dos reformas, una en 1992 -sobre el derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales- y otra mucho más polémica en 2011, cuando se limitó dramáticamente la capacidad de las regiones autónomas de emitir deuda y de superar ciertos niveles de déficit. El gobierno catalán rechazó fuertemente esa reforma por considerar que atentaba contra su autogobierno y contra la autonomía financiera de los catalanes.
| Agencias DPA, AFP y EFE |


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