El PRO apura ahora el debate por los bancos

La reforma a la ley de entidades financieras volverá esta mañana en debate, cuando continúen las reuniones de la Comisión de Finanzas con la citación de representantes de bancos, pymes y cooperativas. La diferencia es que desde ahora habrá tres proyectos en discusión: el de Carlos Heller por el oficialismo y el de Gerardo Milman del GEN, ya conocidos, y el que presentó el viernes pasado Federico Pinedo, en acuerdo con el peronismo federal.

Con la firma de Pinedo, Gustavo Ferrari, el reutemista Walter Agosto y el salteño Marcelo López Arias, el proyecto que se extendió finalmente a 203 artículos es la contracara del que presentó Heller.

«El proyecto propone crear nuevos instrumentos que permitan actualizar el capital de acuerdo con el valor de precios de diferentes productos, obligando a que los préstamos estén calzados en la misma forma. Para blanquear la economía proponemos un sistema generalizado de débitos directos y cuentas de débito gratuitas con beneficios fiscales, para pagar impuestos, tasas y servicios públicos», dijo el viernes Pinedo. Nada se dice allí en la iniciativa que apoya el oficialismo de declarar servicio público a la actividad financiera, uno de los máximos puntos de conflicto de ese proyecto.

La negociación para llegar a un proyecto común entre el PRO y el Peronismo Federal terminó de cerrarse el viernes poco antes de las 15. Hubo discusiones de último momento, como el cuestionamiento del PJ rebelde al proyecto por no incluir la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, como sí lo hacen el de Heller y Milman. «Éste no es un proyecto peronista», se lo acusó.

En realidad, el PRO nunca pensó incorporar esa posibilidad. Por el contrario, tal como se terminó acordando el viernes entre los tres bloques, se presentará un proyecto complementario en el futuro redefiniendo las funciones del BICE y reforzando su rol de banco de fomento al desarrollo, pero en ningún momento creando una nueva institución de financiamiento que, en realidad, en el PRO genera pánico por la historia que carga el país con ese tipo de bancos.

El proyecto de Pinedo establece, entre otros puntos, que «el pago de impuestos, tasas y contribuciones nacionales se efectuará a través de las entidades, sus sucursales, red de corresponsalías o unidades bancarias móviles, por medios electrónicos... Asimismo, el pago de los servicios públicos se hará progresivamente través de dinero electrónico».

Para eso se dispone que «los bancos oficiales y los privados deberán prestar un servicio de «cuenta básica bancaria única», de carácter gratuito para el usuario, sujeta a las condiciones que determine la reglamentación» Y se da un plazo de tres años para completar ese proceso de bancarización total con un esquema similar al que se aplicó en España.