La mandataria no tuvo tregua desde que inició su segundo mandato el 1 enero con un escenario económico negativo y el asedio permanente de revelaciones del multimillonario fraude en la petrolera controlada por el Estado, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos de su Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado de su Gobierno en el Congreso.
El sondeo mensual de Datafolha, uno de los más seguidos en Brasil, mostró ayer que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos, al 13%, mientras que el rechazo trepó al 62%.
Ese nivel de reprobación es el "más alto de un mandatario desde septiembre de 1992, en vísperas del 'impeachment' del entonces presidente Fernando Collor", indicó el diario Folha de Sao Paulo, que publicó la encuesta.
Analistas apuntaron que el retroceso agudo del apoyo a la mandataria y la falta de la tradicional "luna de miel" de los gobiernos recién ungidos, obedecen a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de la confabulación que se enquistó en Petrobras -empresa que era un orgullo nacional- y a la tensa relación de la gobernante con sus aliados (ver aparte).
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, consideró que la encuesta es "una fotografía del momento pero no fija la realidad fotografiada".
En un intento por recuperar la iniciativa, tres días después de que 1,7 millón de brasileños salieran a las calles a reclamar el fin de la impunidad y su enjuiciamiento político, Rousseff buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la función pública.
"Somos un Gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción", dijo en un acto en Brasilia, donde reconoció públicamente esa demanda de la sociedad. Esa lucha "es coherente con mi vida personal y con mi actuación política", añadió.
"Estoy segura de que todos los brasileños de buena fe, incluso aquellos que no votaron por mí, saben que la corrupción en Brasil no se inventó ahora", dijo.
El paquete de proyectos de ley contra la corrupción, algunos ya en trámite legislativo, permitirá calificar como crimen el acto de no reportar fondos recibidos para financiar campañas electorales, confiscar bienes de funcionarios que se enriquecieron ilegalmente, vender los activos incautados y dejar ese dinero en custodia judicial hasta que se defina el caso investigado.
Otra de las iniciativas busca que quienes ocupan cargos en el Gobierno federal (ejecutivo, legislativo o judicial) tengan una "ficha limpia" de antecedentes judiciales.
Como parte de la campaña, Rousseff también firmó un decreto que implementa una ley contra los sobornos aprobada hace más de un año para endurecer las multas a las empresas. La ley no había sido reglamentada.
| Agencias AFP, EFE y Brasil247, |
y Ámbito Financiero
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