El Senado de Brasil, en pie de guerra contra la Corte: mantiene a su presidente

Calificaron de “monocrática” la decisión judicial sobre la remoción de uno de los aliados de Temer

RESGUARDADO. Renan Calheiros obtuvo ayer el blindaje del resto de las autoridades del Senado. Faltan nueve días para que finalice su cargo.

Brasilia - El Senado de Brasil decidió ayer mantener a su presidente Renan Calheiros en el cargo desafiando una decisión judicial que ordenaba suspenderlo, lo que arrojó más combustible a la guerra desatada entre los poderes.

La mesa directiva de la Cámara alta rechazó en una nota la decisión "monocrática" que tomó el lunes el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, e informó que aguardará a que el plenario del máximo tribunal, de 11 integrantes, se manifieste al respecto antes de suspender a Calheiros.

"Apartar a nueve días del fin de su mandato al presidente del Senado, jefe de uno de los Poderes, por una decisión monocrática... la democracia, incluso en Brasil, no merece ese fin", declaró el propio Calheiros en una breve conferencia de prensa tras una reunión de varias horas con miembros de la mesa directiva y líderes partidarios.

Los demás jueces del STF analizarán hoy si mantienen o revierten la suspensión.

El juez Mello aceptó una medida cautelar presentada por el partido de oposición Rede Sustentabilidade en la que sostiene que una persona que enfrenta un proceso judicial, como Calheiros, no puede mantenerse en la línea de sucesión presidencial.

Según la Constitución brasileña, la linea sucesoria está compuesta por el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente de Diputados, el titular del Senado y presidente del STF. En caso de ausencia del jefe de Estado y su vice durante la primera mitad del mandato, se debe convocar a elecciones en un plazo de 90 días, por lo cual cualquiera de los otros integrantes de la línea poseen carácter interino. Si la falta ocurre en los dos últimos años -lo que en este caso ocurriría a partir de 1 de enero- el Congreso debe designar, en un máximo de 30 días, a un reemplazante para completar el período.

El STF decidió la semana pasada juzgar a Calheiros por malversación de fondos, acusado de entregar contratos públicos a una empresa constructora que pagaba la pensión alimentaria de una hija nacida de una relación extramarital.

La causa remonta a 2007 y es el primer proceso que el STF abre en contra del poderoso legislador de la docena de investigaciones que enfrenta, muchas de ellas relacionadas al proceso sobre la enorme red de corrupción en Petrobras.

A través de sus abogados, el Senado ya había rechazado ayer temprano la medida cautelar alegando que viola "la separación de poderes" y representa "un enorme riesgo para la marcha normal de los trabajos legislativos".

Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer, fue un aliado clave para que un plan económico del Gobierno, que busca recortar los gastos del Estado, avance a todo vapor en el Congreso. En vísperas de su receso de verano, el Senado todavía tiene en su agenda votaciones cruciales para el plan de ajuste, como el voto final el próximo martes de la enmienda constitucional para congelar en término reales el gasto público durante los próximos 20 años.

La propuesta ya fue aprobada por los diputados en dos votaciones y aún debe superar una votación más en el Senado.

Hasta ahora, ninguno de los escándalos que rodearon a Calheiros a lo largo de su carrera le impidió ser reelecto y volver a ocupar el sillón principal de la Cámara alta.

Pero a principios de noviembre, seis de los 11 jueces de la Corte Suprema votaron a favor de prohibir que políticos procesados pudiesen figurar en la línea de sucesión a la presidencia de la República. La votación no fue concluida porque uno de los jueces pidió más tiempo para analizar el caso.

El magistrado Mello consideró, sin embargo, que esa mayoría "absoluta ya formada" era suficiente para aceptar la medida cautelar.

El presidente del Senado es señalado como uno de los principales promotores de una "guerra" entre los poderes de la República.

Mientras los legisladores denuncian abusos por parte del Poder Judicial -que tiene a muchos de ellos bajo la mira por corrupción- jueces aseguran que el Legislativo intenta cercenar su trabajo creando normas para intimidarlos, como la enmienda impuesta a una ley anticorrupción que sancionará al abuso de autoridad de fiscales y magistrados.

En tanto, el presidente Temer envió ayer al Congreso la polémica reforma de pensiones, proyecto que establecerá en 65 años la edad jubilatoria para hombres y mujeres, y con el que espera reducir el gasto social.

Agencias AFP, Reuters y ANSA