El uso de la tierra y los costos ocultos

Si la Argentina tuviera los suelos de Brasil, debería invertir alrededor de u$s 6.000 millones en fertilizantes para lograr la misma cosecha de algo más de 90 millones de toneladas, que se obtiene hoy. De tal forma, el suelo se transforma así en el «gran prestamista» que entrega anualmente cantidades de nutrientes que no se reponen, equivalentes a casi u$s 3.000 millones en fertilizantes. La pregunta es: ¿hasta cuándo se puede seguir devolviendo apenas una parte de lo que se sacó, como en la última campaña?

Al igual que en la ganadería, donde la liquidación de vientres de los últimos años determinó que algunos creyeran que había una gran producción cuando, en realidad, se estaban comiendo las «fábricas» de producir carne, y ahora se sienten las consecuencias (irreversibles en el corto-mediano plazo); de la misma forma las reservas del suelo tienen límites que en más de un caso ya comienzan a dar signos de agotamiento.

Sin embargo, el hecho de obtener relativamente buenos rindes «enmascara» las pérdidas que se producen. Dicho de otra forma, los productores aún no registran demasiado el «lucro cesante», es decir, cuanto más podrían obtener por hectárea si contaran con una correcta dotación de nutrientes.

Experiencias al respecto realizadas por la Asociación Civil Fertilizar, dan cuenta que la soja puede llegar a superar los 5.000 kilos por hectárea de rinde (50 quintales por hectárea) con dosis de «reconstrucción», mientras que en promedio se habla de 8 quintales promedio de rinde diferencial, con y sin fertilizante, y a pesar que esta oleaginosa es, en general, el cultivo que menos respuesta tiene «aún».

Igualmente impactantes son los resultados de ensayos de fertilización, luego abandonados, versus lotes testigo donde nunca se aplicaron productos (cuadro 2) que muestran diferencias positivas de hasta un 70% en cultivos que venían de 3 años de fertilización, lo que demuestra que la técnica tiene un poder residual acumulativo.

Por supuesto que el tema tiene muchas y complejas aristas, la mayoría casi nada exploradas por los productores y, menos aún, por legisladores y funcionarios. Por ejemplo, ¿saben los gobernadores, los diputados y senadores nacionales cuánto «exportan» anualmente en nutrientes, con cada cosecha que sale de su provincia?

¿Sabe el Poder Ejecutivo cuanto más le representaría una «política activa» de recuperación y luego de mantenimiento de la fertilidad de los suelos productivos? ¿Qué le significaría en mayores ingresos por producción y captación de impuestos?

O la oposición coyuntural, ¿tiene idea de los costos que ya implica, y más aún, los que tendrá, no tener una política que previsione esto a nivel nacional?

¿Los impuestos nacionales extraordinarios sobre estas producciones (por ejemplo las retenciones), no recortan, además, las posibilidades de inversión, entre otras cosas, en insumos clave como los fertilizantes?

Tal es el desconocimiento, que a nivel nacional se le acaba de incrementar el arancel de importación de dos fertilizantes fosforados (fosfato diamónico y monoamónico) en el 6% que, seguramente a los productores va a llegar más caro aún, haciendo más costosa la tecnología de recomposición.

Muchas son las cuestiones sin respuesta en cualquier planteo estratégico, pero esto también incluye a los propios productores que, por ejemplo, piensan que oleaginosas, como la soja, no necesitan ser fertilizadas, lo cual podía ser cierto hace 15-20 años. Sin embargo, en los últimos ciclos ya comenzaron a aparecer respuestas a distintos ensayos, pues 40 quintales de soja por hectárea extraen alrededor de 21,5 kilos de fósforo y 11 kilos de azufre que debieran ser repuestos, y el hecho del monocultivo en muchas zonas, la falta de rotaciones, y el corrimiento de la ganadería que alternaba las actividades intercalando lapsos de descanso y recuperación, están acelerando los tiempos de «drenaje» de nutrientes.

También, arrendatarios y arrendadores podrían plantearse: «¿Cuánto cuesta alquilar una hectárea?», pues una respuesta simple podría ser: un mínimo de u$s 136, que es lo que el cultivo anual le extrae en nutrientes al suelo según datos de Fertilizar, y sobre eso la renta que se pretenda o estime el mercado.

Pero, sin duda, es en las máximas esferas políticas donde recaen las mayores responsabilidades, en este caso, por omisión. Es evidente que las políticas oficiales no están considerando esta situación, ni los costos acumulativos que se van generando, o la pérdida de capacidad productiva que va registrando el país, apenas atenuada por los terribles avances tecnológicos que, vía mayores rindes, «enmascaran» los déficits crecientes.

Pero la situación se puede agravar más aún si, además, los nuevos proyectos de ley, algunos impulsados por el propio Poder Ejecutivo, no contemplan esta situación. Uno de los casos más claros, y más inminente, es el de la Ley de Arrendamiento que, con el actual articulado impide, de hecho, hacer cultivos de cobertura, en lugar de los de cosecha.

Tampoco se contempla la realidad de las distintas regiones, con mayor o menor avance de la agriculturización, aún en zonas ganaderas (con pasturas implantadas de alto rendimiento, etc.).

En síntesis, en zonas cada vez más amplias, el suelo se está convirtiendo en un «prestamista» que se está quedando sin fondos.