Embestida contra límite macrista a jueces

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El macrismo no logró imponerse ayer para desafiar fallos judiciales en su contra, y debió postergar un debate en la Comisión de Ética de la Legislatura porteña acerca del procedimiento para la designación de un cargo en el Tribunal Superior de Justicia.

El proceso para postular como jueza de la Corte de la Capital Federal, a la actual fiscal porteña, Daniela Ugolini, desató una discusión de proporciones entre el oficialismo (que en la Ciudad de Buenos Aires es PRO) y sectores de la oposición.

Pero ahora el debate no es por las cualidades de la postulante que promueve Mauricio Macri, sino por la posición que adopta el Gobierno porteño y sus legisladores con una Justicia local que cree le es adversa.

La semana pasada tres fallos judiciales determinaron que no se ajusta a la normativa el procedimiento de promoción de la candidata por haberse iniciado anticipadamente. Ayer, en la Comisión que preside el radical PRO Oscar Zago, el macrismo quiso promover un acuerdo para desoír la imposición de los magistrados y continuar con los trámites de designación. No lo logró y la discusión se postergó.

Despacho

Pero a eso se suma que el PRO obtuvo un despacho de mayoría en la Comisión de Justicia, que conduce Martín Borrelli, para modificar el código de procedimientos para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, es decir donde se cursan todas las causas contra el Gobierno de la Ciudad. Los cambios más importantes serían el de frenar la promoción de medidas cautelares que suelen resolverse con «no innovar», por ejemplo, y puede detener obras o procedimientos, como sucede ahora con la vacante del Tribunal Superior. El despacho promueve la «contracautela», una suerte de pago previo del demandante para cubrir supuestos daños que pudieran ocurrir si lo que denuncia es incorrecto. También el macrismo quiere permitir la recusación sin aducir motivo de los jueces, lo que creen apunta directamente a determinados magistrados que vienen fallando en contra del Gobierno, como el polémico Roberto Gallardo.

Por eso mañana casi todos los bloques de la oposición (el ibarrismo, aliados de Pino Solanas, la izquierda y la Coalición Cívica) tienen previsto realizar una presentación pública para explicar que «Macri quiere reformas para tener una Justicia adicta». Así lo explicó uno de los promotores de la medida, el legislador Eduardo Epzstein, ex funcionario de Aníbal Ibarra.

Por su parte, en la Coalición Cívica, si bien una porción del bloque avala a Ugolini para la Corte (fue funcionaria en los gobiernos radicales de la Ciudad y procuradora), no estarían de acuerdo con la modificación de los procedimientos que propone el oficialismo porteño. Solo, de ese bloque, el legislador Guillermo Smith firmó el despacho con el PRO, pero en disidencia. También habrá asociaciones civiles para manifestar su desacuerdo, como la que integran empleados judiciales que consideraron que la «contracautela» y la recusación sin causa serían anticonstitucionales, aunque existen en códigos de otros distritos, pero no en el fuero que se propone.

En otro sentido, la decisión sobre si la Legislatura porteña aceptará o no las resoluciones judiciales o se planteará un «conflicto de poderes» no debiera superar esta semana, es decir, debería definirse mañana en la sesión ordinaria.

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