Empeora la crisis política en Perú: un muerto, y rutas y aeropuertos bloqueados

La situación era especialmente delicada en el departamento de Apurímac, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía. Al menos siete regiones del país registraban protestas en demanda de la liberación del expresidente Pedro Castillo.

CONVOCATORIA. Las protestas tenían lugar en las regiones de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno.

Lima - Las protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso de Perú se multiplicaron ayer en el interior del país, donde rutas y aeropuertos fueron bloqueados, volvieron a chocar manifestantes y policías, un joven murió baleado y organizaciones sociales de una región llamaron a una huelga por tiempo indefinido a partir de mañana, informó la prensa local.

Las manifestaciones se produjeron en varias ciudades del norte y el sur andino, por cuarto día consecutivo, en demanda de la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso y desde entonces detenido en una unidad de la Policía Nacional, en Lima.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones, según imágenes difundidas por televisoras locales.

La situación era especialmente complicada en el departamento Apurímac -del que es oriunda la flamante presidenta de la república, Dina Boluarte-, en cuya ciudad Huancabamba murió hoy un joven comunero al recibir una bala perdida en medio de choques entre manifestantes y policías, según el diario limeño La República.

En la misma región pero en Andahuaylas, donde las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Los primeros atacaban con hondas y piedras, y las fuerzas del orden repelían con gases lacrimógenos.

En esa ciudad, situada a 760 kilómetros de Lima, permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde el sábado por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que envió el sábado desde Lima un contingente de 150 efectivos con el objeto de restablecer el orden en Andahuaylas y la Defensoría del Pueblo reportó la liberación de dos policías que estaban como rehenes de los manifestantes. Asimismo, un grupo de organizaciones sociales de Apurímac se declaró en “insurgencia popular” y llamó a un paro por tiempo indefinido a partir de mañana en esa región, según el diario La República y la radio RPP.

En ese contexto, el gobierno regional declaró en alerta amarilla al sector de salud, para garantizar la atención permanente, y suspendió “hasta nuevo aviso” las clases y demás actividades educativas, a fin de proteger la vida y la salud de los estudiantes, según la agencia Andina.

También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales, cuyo personal deberá trabajar de manera remota, excepto en los casos del sector de salud y de las oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes.

Asimismo, el gobernador, Baltazar Lantarón, convocó a dirigentes y representantes de los diversos sectores sociales a una mesa de diálogo “a la brevedad posible”.

Paralelamente, dos de las mayores empresas de viajes interurbanos en ómnibus anunciaron la suspensión de sus rutas desde Lima y Arequipa -la segunda ciudad del país, a unos 1.010 kilómetros al sudeste de la capital- hacia el sur de país, incluido el centro turístico de Cusco, debido a los abundantes bloqueos de vías.

Por otra parte, los autoridades regionales pidieron dialogar con Boluarte a fin de “mantener inversiones, proyectos, para distintos sectores como salud, educación, agricultura, transportes y otros”, afirmó el gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente.

“Que se convoque a un diálogo nacional; creemos que la instancia más propicia es el Acuerdo Nacional, donde están diversas instituciones, trabajadores, sector privado, entre otros”, dijo Benavente.

El Acuerdo Nacional es un espacio de diálogo y compromiso de políticas de Estado, conformado por los gobiernos nacional, regionales y locales, así como por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación con el mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.