La Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto de Ley de “Empleo MiPyme”, elaborado por el Poder Ejecutivo. Además de incorporar empleados, pretende formalizar la situación laboral de alrededor de 120.000 trabajadores informales. Economistas y empresarios celebran la iniciativa, pero destacan que la rebaja impositiva no es la problemática central que atraviesa la dificultad de contratar personal.
“Empleo MiPyme”: empresarios apoyaron la rebaja impositiva
Destacan que la iniciativa es positiva, aunque remarcan que la clave para ampliar sus planteles de personal pasa por tener “un horizonte de producción” y una mejora en la capacitación.
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En el Congreso, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, definió los tres objetivos de la iniciativa: “Fomentar la contratación formal de trabajadores, formalizar el trabajo no registrado a través de un esquema de regularización dirigido a las pymes y transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los programas socio laborales y las prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”. El espíritu del proyecto tiene que ver con un diagnóstico claro, explicado por la propia funcionaria: aunque hubo 35 meses de creación de empleo formal en el sector privado, con 590.000 personas incorporadas en empresas privadas, “la tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevada”.
Los datos del INDEC muestran que, dentro de la población que trabaja (44,6%, casi sin variaciones entre el primer y segundo trimestre), se destacó que 74,2% son asalariados, pero el 36,8% no cuenta con descuento jubilatorio. El programa “Empleo MiPyme” contempla la posibilidad de que los empleadores que contraten nuevos trabajadores gocen de determinados beneficios durante 24 meses a partir del inicio de la relación laboral, como la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales. A su vez, en lo que respecta a los trabajadores no registrados, el proyecto prevé la posibilidad de que los empleadores puedan regularizar la situación laboral mediante la extinción de la acción penal y liberación de infracciones, multas y sanciones, la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la condonación de deuda de capital, intereses, multas y punitorios.
Según la directora general de Recursos de Seguridad Social de AFIP, Mara Ruiz Malec, se espera blanquear la situación de 120.000 trabajadores, aunque la informalidad laboral “está concentrada en pequeños establecimientos, con lo cual, dado el cuerpo de inspectores que tenemos, nunca llegaríamos a cubrir todo”.
El interrogante que se abre con este proyecto es: ¿bajar contribuciones patronales impacta positivamente en el empleo? “La evidencia indica que no. Toda baja de impuestos es una recomposición de ganancia no percibida. Por ejemplo, si mañana bajamos el IVA, los precios no bajan necesariamente en la magnitud que baja el IVA; bueno, reduciendo las contribuciones patronales, no necesariamente esto es un incentivo inequívoco y direccional a mejorar la formalidad”, explica el especialista en desarrollo productivo y política industrial, Leandro Mora Alfonsín.
Respecto de cuáles deberían ser los mecanismos de incentivo para la contratación registrada, el economista responde: “Entre otros problemas que empresas de numerosos sectores señalan, puede destacarse que hoy el nivel de litigiosidad laboral es un punto que, sobre todo en las pymes, se presenta como un elemento que desincentiva a la contratación formal. La pérdida de densidad de muchos sindicatos también influye, de la misma manera que la baja efectividad del estado a la hora de inspeccionar”.
Por su parte, para el titular de la CGERA, Marcelo Fernández, la complicación principal para incorporar empleados se vincula con la falta de capacitación: “Necesitamos capacitar gente en oficios de forma urgente, porque si uno pone avisos para oficios en maquinaria, no hay gente en el mercado laboral que esté desempleada que conozca las tecnologías que tenemos en las firmas”. Sin embargo, considera que “los programas de empleo si funcionan”, sobre todo en jóvenes de 18 a 25 años. Alfonsín resalta que los problemas de inserción laboral para este segmento tienen que ver con lo educativo y la trayectoria de cada joven, pero también con “la desconexión de muchas empresas, sindicatos y gremiales empresarias para entender el fenómeno de la mejor manera”.
En esta misma línea, Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), opina: “A partir del año que viene, se viene una transformación muy grande en Argentina. Eso va a demandar nuevos puestos de trabajo, entonces son muy importantes las medidas que hacen al no pago de cargas patronales, como también así la capacitación y formación”. De todos modos, no se trata de un proyecto a corto plazo, más bien “esto llevará mucho tiempo, los resultados (del programa) se verán recién el año que viene”.
Leo Bilanski, titular de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), sostiene que “bajar impuestos no ayuda a contratar, reduce los incentivos para no despedir, que no es lo mismo”. En cambio, la solución se vincula con “darle oxígeno a las pymes, que no pueden desarrollar un negocio formal y rentable por los mercados concentrados o monopolizados”. En consecuencia, “prolifera la economía de supervivencia social o popular”, observa el referente empresarial.
En el mismo sentido, Sergio Echebarrena, ex presidente de CAPIPE (Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética), plantea que “el empresario no contrata porque sea más barato o fácil, lo hace si tiene un horizonte de producción creciente”. “Para fines de los 90 era más barato contratar, pero no había trabajo para ofrecer”, recuerda. Aun así, el costo laboral “es varias veces superior para una PyME que para una gran empresa”, por lo que es necesario “segmentar y distribuir según tamaño de las empresas, sector y rentabilidad”.




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