Empresarios, contentos por el fin de la industria del juicio

«La sanción de la nueva ley de riesgos de trabajo pone fin a ocho años de incertidumbre, de un período en que se pasó de 3.000 juicios laborales a 70.000 por un total de u$s 21.000 millones, del riesgo de la desaparición de miles de pymes víctimas de la industria del juicio que floreció en este tiempo. Nos parece lo mejor, tanto para los empresarios como para los propios trabajadores». El presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), José Ignacio de Mendiguren, no deja lugar a dudas respecto de cómo recibió el empresariado la norma aprobada ayer por el Congreso.

El proyecto, además, tuvo la virtud de unificar posturas entre las centrales empresarias independientes y las más cercanas al Gobierno. Por caso, Osvaldo Cornide, titular de la CAME, dijo ayer que «las pymes apoyan este proyecto porque protege al trabajador y termina con la industria del juicio que perjudica a los intereses empresarios». También entidades acusadas de ser «sellos de goma» al servicio del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como la CGE y la CGERA, manifestaron su disciplinado beneplácito.

La ley viene a zanjar un vacío que crearon dos fallos de la Corte Suprema de Justicia: uno declarando inconstitucionales los topes indemnizatorios fijados por la primitiva ley de ART; el otro, habilitando la denominada «doble vía» (cobrar esa indemnización y luego reclamar un monto mayor en la Justicia).

Uno de los puntos salientes de la nueva norma, que incrementa de manera significativa las compensaciones que deberán abonar las ART (Administradoras de Riesgos de Trabajo) es que el trabajador deberá optar cuál de las dos vías elige.

Sin embargo, ya hay quienes aseguran que no serán pocos los que acudan de todos modos a la Justicia -que ya no será la laboral sino la civil, según marca la ley-; dentro de un lustro la Corte de ese tiempo podría volver a declarar inconstitucional la ley que se votó ayer, y la rueda de la industria del juicio volvería a rodar.

«Sobre eso no puedo decir nada; es posible que algún abogado quiera accionar después de cobrar la indemnización, pero es demasiado temprano para saberlo», admite De Mendiguren.

Hay que decir también que no es casual que la presidente Cristina de Kirchner haya enviado el proyecto -casi un calco de la propuesta de la UIA de hace varios años- justo ahora, en plena pelea con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.

Curiosamente, el líder camionero había estado de acuerdo con la iniciativa de la UIA y hasta lo manifestó públicamente varias veces, pero él también quedó preso de su enfrentamiento con el Gobierno y ayer protagonizó un «abrazo» al Congreso en contra de la norma junto con la CTA disidente de Pablo Micheli.

En sentido inverso, todos los gremios industriales (sobre todo, la UOM y el SMATA) acompañaron a De Mendiguren cuando este dirigente defendió el proyecto oficial ante el plenario de comisiones de Diputados. La baja más visible de este combate fue el exabogado de la CGT Héctor Recalde, cuyos proyectos de cuasi «sovietizar» las empresas con participación gremial en los directorios quedaron aplastados bajo el insulto de «servil» que le propinó su exempleador Moyano.

¿Qué cambia con la nueva ley? Veamos:

Habrá «opción excluyente» y no «acumulativa» (cobro o juicio); las demandas irán a la Justicia civil (serán juicios por daños y perjuicios) y no a la laboral.

El sistema de indemnizaciones votado busca que éstas sean lo suficientemente altas como para desalentar los juicios: está previsto su ajuste semestral.

En caso de accidentes con incapacidad menor que el 50%, la suba es del 20%; si la incapacidad supera el 50%, es entre el 45% y el 74%. 

El piso de reparación monetaria por punto de incapacidad pasa de $ 1.800 a $ 3.800; esta cifra superaría lo que podría obtener el trabajador en la Justicia civil; o sea: si la incapacidad fuera del 50%, el trabajador cobrará un piso de $ 190.000 más otra suma que varía de acuerdo con su salario.

Según la UIA, «si se considera el impacto del aumento de indemnizaciones que produjo el Decreto 1694/2009, se verifican aumentos que llegan al 488%».

Se indemniza desde el 1% de pérdida de capacidad (en Chile arranca en el 15% y en España, en el 33%).

Se pagarán 100% de los salarios caídos durante la convalecencia del accidentado, más todos los adicionales.

Los juicios por accidentes volverán a cifras razonables: se pasó de un stock de 3.000 a los actuales 70.000; obviamente, la mayoría de ellos contra pymes (85%), que en gran número de casos no podrían pagar los juicios ni liquidando sus activos.

Los abogados «mayoristas» ya no podrán reunir un cúmulo de demandas para después negociar con las ART.

No está claro aún si se reducirán los costos de cobertura que pagan las empresas argentinas, que están entre los más altos del mundo: el 3% de alícuota sobre el salario contra el 2,7% de España, el 2,1% de EE.UU. y Francia, y el 1,7% en Chile.

La promesa hecha ayer por el diputado kirchnerista Agustín Rossi de que las indemnizaciones se pagarán a los 15 días del accidente sería, finalmente, una verdadera novedad.