20 de abril 2009 - 00:00

En 10 días controlan la venta de granos

Luego de que la AFIP informó que a partir del 1 de mayo controlará aún más la comercialización de granos -lo que desde la década del 90 había quedado en manos de las seis Bolsas de Cereales del país (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Bahía Blanca), las críticas del sector privado no tardaron en llegar. Tanto las Bolsas como las entidades aseguran que esta medida les quitará transparencia a los mercados granarios, perjudicará a los pequeños productores y provocará despidos.
Desde las Bolsas destacaron que el trámite de la entrega de obleas de la AFIP ya era gratuito y que el Gobierno miente cuando asegura que este nuevo sistema abaratará los costos.
«Esta decisión no nos repercute desde lo económico, porque las Bolsas entregaban las obleas de manera gratuita, tal como lo seguirá haciendo el Gobierno», explicó a este diario Ricardo Forbes, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Esta resolución podría relacionarse con la de las cartas de porte, documento que entregaba la Federación Agraria Argentina, que también pasó a manos del Gobierno en una clara represalia por el paro agropecuario del que participó la entidad. Sin embargo, con esta nueva medida Forbes asegura que «la Bolsa de Cereales no lo siente como una represalia hacia la actividad, ya que no existe ningún daño económico».
Pero lo cierto es que las Bolsas perderán unos u$s 25 millones debido a que el registro de los contratos de compraventa de granos también pasará a manos del Gobierno.
Cabe recordar que este registro tiene dos partes, la primera es el otorgamiento de una oblea, una suerte de aval que daban las Bolsas de Cereales gratuitamente para certificar al operador interviniente. Una segunda parte es el registro de la operación en sí misma, cuyo costo era del dos por mil del volumen vendido, lo que dejaba en las arcas de las Bolsas agrarias unos u$s 25 millones por año. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) no coinciden con Forbes y aseguran que esta medida es una nueva represalia al sector agropecuario. Sin embargo, están de acuerdo con que va a favorecer la ilegalidad y las irregularidades dentro del mercado.

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