En fiscalías, sólo el 25% de los cargos lo ocupan mujeres

Víctimas desprotegidas. Mujeres asesinadas por sus parejas a pesar de los múltiples pedidos de auxilio y advertencias previas. Niños y niñas dejados en manos de padres violentos. Denuncias de abuso que se caen y no llegan a una condena… Si bien el déficit del servicio de Justicia en materia de perspectiva de género es multicausal, un elemento asoma como la columna vertebral: la desigualdad entre varones y mujeres y el techo de cristal puertas adentro del Poder Judicial. Esto atraviesa, sin excepciones, a todas las áreas y el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) no es la excepción. Esto agrava el problema, ya que se trata, precisamente, de la institución que debe impulsar las acciones penales y representar a las víctimas.

Un nuevo estudio de la Dirección General de Políticas de Género del MPF reveló que las mujeres ocupan solo el 23% de los cargos efectivos. De un total de 213 puestos de fiscales nacionales y federales, 49 son ocupados por mujeres. 37 de ellos (un 28%) en fiscalías de instrucción y sólo 12 en tribunales orales y cámaras de apelaciones. Una vez más se observa que los lugares de mayor jerarquía y decisión son ocupados por varones.

El mapa de género observó la situación en cada una de las provincias y develó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito con mayor participación de fiscalas en cargos altos, con un 27%. Mientras que Salta y Jujuy son los territorios más atrasados en la materia. A pesar de ser las dos provincias donde ya rige el nuevo sistema acusatorio, no hay ni una sola mujer titular al frente de las fiscalías. En nueve provincias en total no hay mujeres titulares de fiscalías.

El dato sobresaliente es que todo el MPF exhibe paridad de género entre todos sus miembros. El 50,7% son mujeres. Sin embargo, al igual que en el resto del Poder Judicial y en el mundo privado, son los varones los que acceden mayoritariamente a los cargos de jerarquía.

Según otro estudio del mismo Observatorio al que accedió Ámbito, uno de los escollos para el ascenso de las mujeres está en el inicio de la cadena y tiene casi dos décadas de historia. En los últimos 17 años “el porcentaje de aspirantes mujeres no varió sustancialmente, con una participación promedio del 26%”. La evidencia muestra que las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en la sociedad toda, tienen impacto directo en la inserción laboral y el desarrollo profesional.

La paridad de género en la sociedad toda y en el Poder Judicial en particular es una de las grandes deudas de la democracia argentina en sus cuatro décadas de existencia ininterrumpida. Situación que se replica en toda la región. Según la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas “en América Latina, apenas el 32% de los jueces del más alto tribunal o de los tribunales supremos son mujeres”.

El organismo fue contundente sobre el impacto de la desigualdad en el servicio de Justicia: “Es clave que las mujeres estén representadas en el poder judicial para que los tribunales, a su vez, representen a la ciudadanía, atiendan sus preocupaciones y dicten fallos fundamentados”.

Las mujeres representan el 54% de todo el sistema de justicia argentino, de acuerdo a los datos a los que accedió este diario, pero ocupan apenas el 25% de los cargos de mayor jerarquía en la estructura del Ministerio Público.