La avanzada se da en medio de malestar de intendentes por la decisión del Ejecutivo de traspasarles la tarifa social eléctrica y parte de los subsidios al transporte. “Avasalla autonomías”, advierten.
Guiño. “Los intendentes vamos a hacer el esfuerzo que la provincia necesite”, dijo el platense Julio Garro, en cita con el presidente de Diputados, Manuel Mosca, Marcelo Daletto y la secretaria legislativa Cristina Tabolaro.
En medio del creciente tironeo con intendentes por el traspaso de gastos a los municipios -post FMI- por unos $10 mil millones, la discusión por el proyecto de Presupuesto bonaerense 2019 incluye la pretensión de María Eugenia Vidal de imponer un tope del 38% al aumento en las tasas municipales, y un techo a los gastos de los Concejos Deliberantes, de no más del 1,5% del presupuesto comunal.
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Ambas iniciativas están contempladas en el plan de gastos y su ley impositiva remitidos por Vidal a la Legislatura el pasado lunes, y que ayer tomaron estado parlamentario en el Senado.
El techo del 38% se da en línea con el porcentaje de incremento que la cartera económica de Hernán Lacunza le imprimió a los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano para el año entrante.
La estrategia apunta a que, en el marco del duro impacto de la escalada de la inflación sobre los bolsillos de los bonaerenses, no se desmadren las tasas municipales, con foco en Seguridad e Higiene; Alumbrado, Barrido y Limpieza, y Red Vial. El 1,5%, en tanto, implica llevar a la mitad el gasto de los concejales.
Ambas aspiraciones serán parte de la negociación con la oposición para destrabar la sanción del Presupuesto y su ley tributaria, lo mismo que los gastos extra que deberán enfrentar los intendentes por los ajustes nacionales.
Precisamente, la pretensión de topes que baraja la administración bonaerense complica más a los intendentes, luego de que los textos remitidos al Parlamento local confirmaran que, producto del ajuste en remesas nacionales a la provincia por el acuerdo con el FMI, serán los municipios los que en 2019 deberán pagar la tarifa social eléctrica y parte de los subsidios al transporte, mientras que además será obligatorio usar el 100% del Fondo Educativo para obras en el caso del Conurbano.
El epicentro de la queja se ubicó en filas de la oposición. "Es un avasallamiento a las cuentas públicas de los municipios", disparó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en rigor una pieza clave del PJ dialoguista.
En reacción, ayer desde Cambiemos brotaron varias señales de respaldo a la iniciativa de Vidal.
"Los intendentes vamos a hacer el esfuerzo que la provincia necesite", dijo el intendente de La Plata, el macrista Julio Garro, tras reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, y el titular de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Daletto.
"El Presupuesto que ha enviado la gobernadora expresa su enorme compromiso con cada bonaerense a través de una mayor inversión en ayuda social y salud para cuidar a los más vulnerables; en educación, seguridad y, sobre todo, en obras de infraestructura, que son las que le cambian la vida a la gente", destacó Mosca.
Por su parte, Daletto pidió una colaboración a los municipios y remarcó que "en el periodo 2015-2019 las trasferencias a los municipios van a aumentar en un 240%, cuando la inflación va a ser del 140%". "Ese 100% de diferencia significa $ 35.000 millones que los municipios están recibiendo por arriba de la inflación", argumentó.
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