Estas negociaciones son ahora más espinosas, especialmente desde que el pasado martes la Asociación de Magistrados fustigó las palabras del secretario de Justicia, Julián Álvarez, en el acto que aglutinó al kirchnerismo duro en el Mercado Central. Fue la ocasión que eligió el representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura para asociar a los jueces al último Gobierno militar.
Es una pelea silenciosa y que se dilata primero porque la oposición, y especialmente los jueces, no prestan el último voto necesario para nombrar al subadministrador y además porque la situación financiera del Poder Judicial ya no es tan desesperante: por la inflación mejoró la recaudación y los salarios -principal gasto del Consejo- no se incrementaron a la par. Por eso los fondos del Tesoro, al menos por ahora, no son tan urgentes como cuando se iniciaron las conversaciones en el despacho de Jorge Capitanich.
Actualmente, el administrador del Poder Judicial es Germán Krieguer, funcionario bien conceptuado por Ricardo Lorenzetti. El secretario Álvarez tiene la misión de conseguir el cargo que le permita a Balcarce 50 tener cierto control sobre los fondos que desembolsará. Según él mismo transmitió, Luis Cabral, jefe del gremio de jueces y negociador todoterreno en la Magistratura, le había prometido, cuando se eligieron autoridades, que el kirchnerismo tendría la oficina del subadministrador.
Dudas
Pero lo cierto es que el Gobierno todavía no tiene la última voluntad que necesita en el plenario para alzarse con dicha dependencia. De hecho, los jueces que integran el Consejo entienden que el discurso del domingo último fue en parte motivado por esta falta de resultados.
Para tener en cuenta: en la Corte entienden que la figura del subadministrador podría entorpecer la gestión diaria del Consejo. Si éste termina siendo nombrado, el efecto inmediato será apurar el desembarco de la Auditoría General de la Nación para que, al igual que sucede en la Corte, revise todo lo que allí se firma.
El oficialismo en el Consejo votó como dupla presidencial a los jueces Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo, ambos de la lista bordó, la más crítica de la política judicial del Gobierno. En cambio, recibió las comisiones de Disciplina y Selección.
En la primera, cuya vicepresidencia ejerce Álvarez, el kirchnerismo vive en la incomodidad producto del último escándalo policial del juez Norberto Oyarbide que lleva a los consejeros oficialistas a guardar un complejo equilibrio entre no ceder a los reclamos opositores, pero tampoco defenderlo en exceso. Hasta ahora la postergación asoma como la única salida.
| Milton Merlo |
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