11 de julio 2016 - 00:00

“Es necesario que se regule el menú de extranjerización”

“Es necesario que se regule el menú de extranjerización”
 La letanía del credo liberal repetido hasta el hartazgo: disponer las cosas para que "lleguen inversiones". Bajo esta falacia argumental, todo parece ser posible y, peor aún, aceptable. La reforma en la Ley de Tierras Rurales que Macri produjo dispone obscenamente el escenario para una brutal extranjerización de la propiedad del suelo. El Decreto 820/2016 modifica de 25 a 51 por ciento la participación extranjera en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país y además pone trabas para la implementación de un elemento clave en la ley sancionada en 2011, que fue pensada en el sentido inversamente contrario a este decreto, donde se estableció que los extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo. Así se denomina al área productiva compuesta por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, un espacio geográfico donde se verifica uno de los rendimientos agropecuarios más importantes del mundo. Esta medida se completa con el plazo de 30 días para que las provincias establezcan estas "equivalencias" en los campos más ricos del país y ordena que si así no lo hicieran, el propio Gobierno lo hará, a través del Consejo Interministerial de Tierras Rurales. No cuesta mucho imaginar a favor de quién saldará esta cuestión el mismo Gobierno que facilita la compra de tierras por parte de extranjeros.

El menú extranjerizador se completa con el levantamiento de restricciones a la compra en zonas industriales.

Los pequeños y medianos productores, los representantes de la agricultura familiar y las organizaciones gremiales que los representan de inmediato manifestaron su rechazo a tamaña medida; todo el complejo agroexportador y las entidades rurales que representan a lo más concentrado de la renta agraria mantienen hasta hoy un atronador silencio, que más bien suena a apoyo explícito.

El magnate Joe Lewis, íntimo amigo de Macri, dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, cerca de El Bolsón; los herederos de Douglas Tompkins, dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá, en Corrientes, una de las reservas de agua dulce más grande del mundo; Benetton, dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia, o Ted Turner, propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego, son ejemplos claros de un fenómeno que si no se regula, se va a desplegar con fuerza en todo el país, fundamentalmente en las zonas ricas por su potencialidad productiva o, tal vez más grave aún, por sus recursos naturales.

Por eso, cuando hablamos de protección contra la extranjerización de tierras estamos hablando de un problema de primer orden para los estados soberanos. No hay, en este punto, llamado a generar clima de negocios, mejorar las expectativas de inversión o a atraer dólares que valga. Se trata de soberanía nacional. A esta altura no es extraño que nada de esto le interese a Cambiemos.

(*) Diputado nacional, FpV, CABA.

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