Escraches anti-K, el fantasma que puso en alerta al Gobierno

El «afiche virtual» contra Moreno que disparó la denuncia del Gobierno por amenaza «mafiosa».

Guillermo Moreno tenía listo un scrum de anticaceroleros para «contrapesar» la protesta montada frente a su casa particular. Contra reloj, lo convencieron de desactivar la contramarcha. La indicación, decían ayer en Gobierno, llegó directo desde Nueva York.

Cristina de Kirchner, alojada en el fastuoso hotel Mandarín -donde 24 horas antes padeció una algarada similar, reducida y testimonial de argentinos residentes en Estados Unidos- mandó a ratificar su orden: el kirchnerismo no debe entrar en la disputa callejera.

Adiestrado en el nestorismo ortodoxo, el secretario -que se enteró a media tarde de la convocatoria en su contra- tuvo el impulso de usar los modos de 2008, cuando el expresidente fallecido decidió pulsear por el control de la calle en la crisis del campo.

Moreno entrevió lo que, horas después, decodificó el kirchnerismo: el episodio en el domicilio del funcionario puede inaugurar una saga de protestas focalizadas, personalizadas contra figuras oficiales, que más que cacerolazos tienen el formato de escraches anti-K.

Obediente, Moreno acató el mandamiento K -es, ante todo, verticalista-, frenó la concentración a favor y se fue a encabezar un acto en un local sindical de Vicente López, organizado por Peronismo Kirchnerista, tribu K que comanda la diputada eternista Diana Conti.

Fue en esa cena, cerrada a militantes, donde invitó a sus críticos a «meterse las cacerolas en el o...». En paralelo, el ministro de Justicia, Julio Alak, hizo una denuncia por la difusión en las redes sociales de lo que consideró una «amenaza de muerte» a Moreno.

Se trata de un «afiche virtual» que muestra al funcionario en un ataúd con un disparo en la frente. Alak y su vice, el neocamporista Julián Álvarez, juzgaron que el material constituye una «amenaza de muerte con tono mafioso». Así lo plantearon ante la Justicia Federal.

Al igual que la orden de desactivar la defensa tumultuosa de Moreno, la táctica judicial tuvo como usina EE.UU., donde la comitiva oficial jugó a las escondidas, temerosa de nuevas protestas.

Es un dilema que atraviesa, secretamente, al kirchnerismo y se refiere a cómo enfrentar la por ahora episódica protesta callejera que tuvo como pico máximo el 13 de septiembre, pero fue, además, «eficaz» en su concentración frente al domicilio del juez Norberto Oyarbide.

Hubo, en círculos oficiales, quejas sobre la celeridad del magistrado para sacarse de encima -arguyó «violencia moral»- la causa iniciada por la despachante de Aduana Paula de Conto por amenazas contra el secretario de Comercio tras el minicacerolazo en su contra.

Ayer se repitió: el sorteo por la denuncia de Alak y Álvarez cayó, una vez más, en su juzgado, pero Oyarbide volvió a despegarse.

Subyace un reproche al juez que grandes favores hizo a los K: su veloz fuga de la causa instaló el imaginario de la eficacia del cacerolazo como recurso de queja y sirvió como insumo para otras manifestaciones similares.

De hecho, tras el «éxito» de la protesta en la casa de Oyarbide surgió lo de Moreno y se agitó otra contra un comercio vinculado a Juan Manuel Abal Medina en Palermo Soho. En Gobierno temen que esa práctica se vuelva habitual.

Anoche, un dirigente K interpretó que «los escraches son más peligrosos que cualquier cacerolazo» porque se arman con poca gente -a la casa de Moreno fueron menos de 30 personas- y con más rapidez. Operan, dicen, como mecanismo de «intimidación» individual.

«Si hacen escraches en la casa de los funcionarios van a terminar desvirtuando la protesta», dijo, ayer, un operador K con la íntima esperanza de que la modalidad se vuelva en contra de los quejosos.

El contexto no es simple: el Gobierno proyecta un fin de año inquietante. Entre convocatorias y contraconvocatorias, se empezó a definir como fecha de un nuevo cacerolazo el 8 de octubre, aunque en paralelo se difundió otro para este atardecer.

La dispersión de fechas y lugares, confían en el Gobierno, puede servir para diezmar la movilización.

Menos difuso es lo que harán dos días después: se movilizarán los camioneros de Hugo Moyano, la CTA de Pablo Micheli y la Federación Agraria de Eduardo Buzzi. En Casa Rosada se da por hecho que antes de fin de año habrá más manifestaciones anti-K.

El interrogante es cómo actuar ante la seguidilla que coincide con un deterioro de la imagen presidencial que perdió, desde octubre pasado a agosto, 30 puntos: del 70% de imagen positiva poselecciones al 41% que registra en la actualidad.