España hará juicio a los funcionarios que gasten de más

Madrid - El Gobierno español prevé aplicar sanciones penales contra los funcionarios que no cumplan los objetivos de reducción del déficit, afirmó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro.

Según cálculos del Gobierno, las 17 regiones autónomas de España acumularon un déficit, en 2011, de un 2,3 por ciento a un 2,4 por ciento del PBI, es decir, casi el doble de su objetivo (1,3%).

«Vamos a exigir responsabilidades penales. Penales en el sentido de que a un gestor público -sea un político o un gestor que ha nombrado un político- no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto», declaró el ministro a la radio Cadena Ser.

«Eso es lo que vamos a hacer porque este gestor está falseando la contabilidad pública al igual que un gestor privado tiene que hacer frente a responsabilidades penales si falsea las cuentas de su empresa», puntualizó.

Para el ministro, «lo que no es nunca correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora», advirtió Montoro.

El presidente del nuevo Gobierno conservador, Mariano Rajoy, dijo el martes que intentará hacer aprobar una ley sobre la reducción del déficit y las otras reformas consideradas cruciales del mercado laboral y de los bancos, entre el 27 de enero y el 10 de febrero.

La futura ley que busca limitar el déficit público prevé «sanciones» y la intervención del Estado en la gestión de las regiones que no cumplan los objetivos fijados, anunció Montoro.

Como contrapartida a estos presupuestos de austeridad, el Gobierno acepta ayudar a las administraciones locales en dificultades, especialmente extendiendo el pago de sumas que deben revertir al Estado, de cinco a diez años. Esta medida, que atañe a unos 31.000 millones de euros según la prensa, podrá ser adoptada «en próximas semanas», precisó Montoro.

El Gobierno también estudia adelantar pagos del Estado correspondientes a las competencias de las regiones que no estaban inicialmente previstas para antes de mediados de 2012, añadió Montoro, quien no precisó el total calculado por la prensa en ocho mil millones de euros.

Una nueva línea de créditos del Instituto del crédito público (ICO), cuyo monto no fue precisado, se abrirá «en pocas semanas», dijo Montoro y explicó que artesanos y medianas empresas estaban ante los peligros del cierre o ya cerraron por retrasos en los pagos.

Por su parte, el secretario de Estado de administraciones públicas, Antonio Beteta, anunció en radio Nacional, que 400 empresas públicas serán «liquidadas notarialmente al 31 de diciembre de este año».

España tuvo a final de 2011 una fuerte deriva presupuestaria, con un déficit público por encima del 8% del PBI, contra el 6% prometido, después de un 9,3% en 2010.

El Gobierno, que persigue un 4,4% en 2012, ya anunció recortes presupuestarios por 8.900 millones de euros, una suba de impuestos por 6.300 millones de euros y un plan contra el fraude fiscal con el que recuperará 8.200 millones de euros.

Agencias AFP, DPA y EFE