Exgerenciador PAMI, preso por remedios

Un exgerenciador del PAMI que tenía pedido de captura desde hacía tres semanas fue detenido ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide en la causa en la que se investiga la denominada «mafia de los medicamentos». Se trata de Rubén Romano, quien estuvo a cargo de una agrupación de gerenciadores y que fue denunciado por la exministra de Salud Graciela Ocaña por presuntas irregularidades en sus contrataciones y por supuestas amenazas en su contra.

Romano fue apresado ayer a las 7 en su casa en el exclusivo barrio cerrado San Diego, de Moreno, cuando estaba junto a su familia. En el expediente había declarado un domicilio en la Capital Federal. Oyarbide lo acusa por supuesta defraudación a la administración pública por las irregularidades halladas en expedientes de una obra social para el cobro de reintegros o subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE).

La causa es una de las decenas de desprendimientos del expediente principal y también tiene como sospechoso a Juan José Denaro, el jefe de la mutual Aguas y Energía de Mendoza. Oyarbide sospecha que Romano y Denaro armaban expedientes para el cobro de dinero de la APE. Tanto Denaro como el líder del sindicato de peones rurales (UATRE) fueron detenidos el 10 de febrero pasado. Venegas obtuvo la libertad bajo caución a las 36 horas, y el mutualista consiguió el mismo beneficio esta semana.

Desde el mismo 10 de febrero Oyarbide había pedido la captura de Romano. El empresario había sido denunciado por Ocaña por supuestos manejos irregulares al frente de una gerenciadora, que según la exministra «tenía un millón de cápitas (afiliados) del PAMI en la zona sur del conurbano bonaerense». La exfuncionaria le dijo a este diario que Romano «tenía un contrato de gerenciamiento con el PAMI y a su vez subcontrataba los servicios que la obra social le requería, y se quedaba con una diferencia de entre el 15 y el 20 por ciento».

«Con un millón de cápitas no tenía una sola cama. Yo presenté denuncias que tramitaron en los juzgados de (Octavio) Aráoz de Lamadrid y (Julián) Ercolini. Además, Romano me amenazó», agregó Ocaña. También dijo que Romano mantuvo vínculos con el empresario Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.

La defensa del imputado, en cambio, dijo que la única relación que tuvo Romano con Forza fue la venta de algunos medicamentos de su laboratorio, Romalá, a los que administraba el empresario asesinado. «Era presidente de una asociación que nucleaba a todos los gerenciadores del PAMI, y su laboratorio, Romalá, hace por lo menos tres años que no funciona», explicó el abogado Fernando Castejón.

«Hicimos cuatro o cinco presentaciones en el expediente, avisando que había documentación de la APE con papeles falsos de Romalá, y el juez Oyarbide nunca hizo nada al respecto», se quejó el abogado.