20 de agosto 2012 - 00:00

Expartido de Rico, bajo investigación

Aldo Rico
Aldo Rico
La Justicia ordenó reabrir una investigación por presunta estafa en contra de las autoridades del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) en las elecciones generales de 2007. La denuncia gira en torno al presunto vaciamiento de más de 500 mil pesos de las cuentas del partido y apunta a su presidente, el teniente coronel retirado Enrique Venturino, uno de los líderes de los alzamientos carapintadas junto con Aldo Rico, fundador de la agrupación política.

La causa fue iniciada en octubre de 2008 por Guillermo Aliaga López, vicepresidente del MODIN, quien acusó a Venturino y a su hijo y apoderado partidario, Ezequiel, de haber llevado a cabo presuntas extracciones paulatinas de las cuentas en las que el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires habían depositado fondos para el funcionamiento de la agrupación, pero con otros fines no especificados.

A instancias de una apelación del fiscal Gerardo Pollicita, la Cámara Federal porteña revocó el archivo de las actuaciones que había dispuesto el juez Julián Ercolini, y le ordenó continuar con la investigación, por entender que la clausura había resultado «prematura». Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero instruyeron al magistrado, además, para realizar un «análisis exhaustivo» de los balances presentados por la agrupación.

Aliaga López había denunciado que el 19 de junio de 2007 los Venturino «retiraron de una cuenta del Banco Ciudad la suma de 21 mil pesos» ligada a la campaña para la jefatura de Gobierno porteña. Y los acusó, además, de supuesto «vaciamiento paulatino» de otra cuenta destinada a la elección general que acumulaba 566.705 pesos.

«Los denunciantes hicieron saber que no sólo los imputados habrían retirado los fondos en cuestión sin aplicarlos a algún destino partidario, sino que, además, al momento de rendir cuentas a los organismos depositantes habrían presentado facturas apócrifas que daban cuenta de servicios no prestados por las empresas que las habrían extendido», señala el fallo de la Sala I del tribunal. Además, remarcan la necesidad de tomarles declaración testimonial a otras autoridades del MODIN, como al exinterventor José Bonacci.

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