DNU de extinción de dominio aterrizó en Congreso: lupa pasa a PJ y a senadora salteña

El oficialismo y la oposición -unida- cuentan con ocho legisladores. La presidencia de la bicameral está en manos de un camporista y vota doble en caso de empate. Eventuales ausencias serían claves.

Puja. El diputado camporista Marcos Cleri recuperó la presidencia de la comisión bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia y tendrá voto doble en caso de empate. El oficialismo tendrá como defensa de la medida al también diputado Luis Petri (UCR). Si el PJ opta por el rechazo, la lupa del oficialismo apuntará a la senadora opositora Cristina Fiore (Salta).

El DNU con el que el Gobierno activó el régimen de extinción de dominio, con el que se busca recuperar bienes de la corrupción, narcotráfico y trata de personas -entre otros delitos-, aterrizó en el Congreso y la comisión encargada de analizar la medida intentará reunirse la semana próxima.

No habrá una definición sobre la decisión del Ejecutivo, ya que los dictámenes de la bicameral -que preside el diputado camporista Marcos Cleri- no son vinculantes. Para que sea desactivado un DNU, se necesita que ambas cámaras del Congreso rechacen la medida con mayoría simple de votos en los respectivos recintos.

Lo más jugoso del debate que se estima para el miércoles próximo -al cierre de esta edición, la fecha aún no había sido oficializada- será la posición que adoptarán el peronismo y la senadora salteña Cristina Fiore (interbloque federal), cuyas adhesiones serán clave.

Cambiemos cuenta con ocho legisladores en la comisión y un mismo número tiene la oposición unida entre cristinistas, justicialistas y Fiore. En caso de empate, la presidencia -Cleri- tendrá la ventaja de voto doble.

Por todas estas variables será fundamental que cada oficialista y opositor se presente a la bicameral, ya que una ausencia en el antimacrismo volcaría el resultado a favor de Cambiemos. Otra opción es que, ante alguna posibilidad de ausencias, haya reemplazos previos a la reunión de la comisión.

El DNU continúa vigente por ahora excepto que el Gobierno decida, tras persistentes dudas, convocar a sesiones extraordinarias para que el tema salga por ley y así desactivar la medida presidencial. Esa posibilidad fue alimentada en los últimos días, de manera insólita, por el resbaladizo ministro de Justicia, Germán Garavano. También se sumó a ese mareo el senador y presidente nacional del PRO, Humberto Schiavoni.

“Ojalá el Congreso pueda mejorarlo y no ratificarlo como está”, señaló Garavano. Es decir: el ministro de Justicia que ayudó a Mauricio Macri a acelerar la puesta en vigencia de la extinción de dominio -en claro desprecio al Congreso, y con el oficialismo perdido y sin ganas de tratar una ley- ahora desea que un decreto de necesidad y urgencia sea “mejorado”.

“Tenemos una situación de emergencia. Hay miles de bienes, millones de pesos que se están deteriorando, que están costando un montón de plata todos los días. Era importante avanzar con una norma de estas características; ojalá el Congreso pueda mejorarla”, aseguró Garavano.

Las declaraciones del ministro chocan con la realidad del proyecto. En 2016, un polémico texto fue aprobado entre massistas, macristas y peronistas. Dos años más tarde, el justicialismo junto al kirchnerismo demolieron esa iniciativa y aprobaron modificaciones muy lejanas a la versión original, y Cambiemos no acompañó.

Diputados debía definir entre dos normativas cuestionadas -la original de esa cámara o los innumerables cambios que aplicó el Senado- y el oficialismo planchó la discusión a fines del año pasado. De hecho, el Gobierno ni siquiera incluyó el tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre último. Mientras tanto, algunas provincias continúan con sistemas vigentes y otros enviarán proyectos a legislaturas locales, como se anunció ayer en Mendoza (ver página 19).

En caso de concretarse el convite de la semana próxima, los diputados y senadores que la integran deberán tratar también el DNU por el que se pondrán a disposición del mercado las bandas del espectro radioeléctrico que estaban reservadas para Arsat.

La decisión, al igual que la de extinción de dominio, se cruza con el tratamiento del proyecto de “ley corta” que el Senado aprobó el año pasado y que aún restaba tratar en Diputados. Esa demorada iniciativa dio varias vueltas en la Cámara alta tras errores del presidente provisional, Federico Pinedo (PRO), y del entonces ministro de Modernización y actual vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, quienes se encargaron de empujar ese tema.