El Gobierno amplió ayer el listado de proyectos que podrán debatirse en extraordinarias, plazo que vence el 31 de diciembre. El decreto parece más una señal frente a los saqueos que una agenda real para el Congreso: se incluyó un proyecto que establece sanciones para los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad que incumplan sus tareas o abandonen sus actos de servicio. Lo había presentado Anibal Fernández y Cristina de Kirchner se lo habilitó. En realidad, las posibilidades de otra sesión antes de fin de año parecen imposibles. No hay convocatoria en Diputados y menos en el Senado y el vencimiento de extraordinarias para el 31 de diciembre ya anticipa que el Gobierno deberá prorrogarlas. El debate quedará para febrero.
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