Fiscal, contra los auditores

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, salió ayer a hacer una nueva aclaración sobre una denuncia del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien -según se conoció ayer- acusó ante la Justicia a los auditores generales, Francisco Fernández, Oscar Lamberto, Vicente Brusca, Horacio Pernasetti, Alfredo Folica y Gerardo Palacios por los presuntos delitos de falsedad y usurpación de funciones públicas y desobediencia a las autoridades. El conflicto gira alrededor de una carta que estos auditores habrían enviado a Righi en setiembre pasado (como afirman el procurador y el fiscal) y que en la AGN ahora se negarían a admitir que existe, argumentando una confusión de número de expedientes.
Según el comunicado del procurador, el escrito se refiere a la imposibilidad legal de dar a publicidad los papeles de trabajo previos al informe de auditoría y también razones de confidencialidad, de acuerdo con lo que había solicitado Garrido. El pedido puntual era sobre el informe de presuntos sobreprecios en un tramo las obras de tendido eléctrico de Santa Cruz, denunciado por la Coalición Cívica, y ahora también por el titular de la FIA ante la Justicia. Además de la acusación a los auditores, el fiscal imputó por presunta administración fraudulenta a la empresa Electroingeniería y a funcionarios de la Secretaría de Energía por un cálculo de precios que la auditoría mandó a revisar.
En el comunicado, Righi agrega que la carta de los auditores fue enviada a Garrido, quien no requirió ninguna intervención de la comunicación, en respuesta a un fragmento de la denuncia en la que el fiscal afirma que el procurador no intervino. La aclaración inmediata de Righi remite directamente al último cruce en noviembre entre el procurador y el fiscal, quien denunció un recorte de atribuciones que escaló a una polémica a la que se sumó tanto la prensa como la oposición.