Fiscal pidió condenas por contrabando (no lavado) en el caso de la valija de Antonini Wilson

Agüero Vera consideró que Uberti (4 años, 10 meses) y De Vido (5 años) intentaron que el venezolano ingresara los casi u$s800 mil en 2007. Dinero era de PDVSA pero no se probó que fuese para la campaña K. Aduaneros, dos años por encubrir. Para acusación, Echegaray no fue parte de la maniobra.

Claudio Uberti

Lejos de estridencias y con un alegato que lució sólido, el fiscal Marcelo Agüero Vera solicitó condenas en el juicio oral por el caso de la valija con casi u$s800 mil que intentó ingresar, en 2007, el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, haciendo una clara distinción entre lo que pudo ser probado y lo que no. Desde ese punto de partida, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo un planteo que por esa sola cualidad se diferencia del habitual paisaje que transitan las causas con implicancias políticas, máxime cuando se trata de una de las que generó un cimbronazo a nivel internacional, juzgado finalmente 16 años después. Para la acusación, el extitular del OCCOVI Claudio Uberti era una suerte de nexo informal con el gobierno de Venezuela y a las órdenes del ministro de Planificación Julio De Vido consintió que Antonini se subiera a un avión privado contratado por Enarsa en base a un conocimiento previo que tenía de él y le pidió que ingresara al país ese dinero, a sabiendas de que no le pertenecía. También que todos los funcionarios de Aduana que intervinieron en el hallazgo actuaron más allá de la negligencia, al considerar el hecho una infracción al régimen de equipaje y así dilatar una denuncia penal a la justicia que podría -en el extremo más contrafáctico de su argumentación- haber evitado que Antonini se profugue, tal como es su estatus hoy en día. Asimismo, planteó que el extitular de Aduana de ese momento, Ricardo Echegaray no tuvo ninguna participación ni impartió directiva alguna para consumar el encubrimiento. Por eso, no solicitó ninguna condena.

Agüero Vera apuntó entonces a Uberti y a De Vido como coautores del delito de contrabando en grado de tentativa, mientras que solicitó 4 años y 10 meses de prisión, y 5 años, respectivamente. Sin embargo, el fiscal remarcó que debía dejar asentado que no iba a acusar por el delito de lavado de activos que figuraba en el requerimiento de elevación a juicio porque no había pruebas de ello. Ratificó que a su entender el dinero -u$s790.550- pertenecía a la petrolera PDVSA pero que “no hay mérito para acusar” porque tampoco se ha probado que el destino de esos fondos fuese el financiamiento ilegal de la campaña de Cristina de Kirchner, desestimando así las conclusiones a las que había arribado el mentado juicio que se llevó adelante en Estado Unidos contra Franklin Durán y sus socios, y del que Antonini fue un informante privilegiado del FBI. El fiscal dijo no solo que no había accedido a las actuaciones completas de un proceso que se llevó adelante por supuestos actos de espionaje en territorio norteamericano, sino que el testimonio de uno de los condenados, que declaró en el juicio, daba cuenta de un cierto direccionamiento de las declaraciones para ser utilizados contra otros acusados.

Tampoco se sirvió de la declaración del exembajador Eduardo Sadous, recordado por haber denunciado la “embajada paralela” en Venezuela, dichos sobre los que, además de haber dejado de ser funcionario dos años antes del hecho, nunca se pudieron probar. Lo mismo con otra serie de causas conexas como el fideicomiso con Venezuela, todos temas que rodeaban la relación bilateral durante el gobierno de Néstor Kirchner y se colaban en este juicio. Agüero Vera también exhibió credenciales de jugar limpio al no valerse de la declaración de Uberti como “arrepentido” en Cuadernos. Si bien consideró “necesario” el juicio oral por este caso, demarcó con un bisturí cuáles eran las cuestiones que debían ser desestimadas del requerimiento inicial de elevación y evitó caer en la tentación de ir mezclando elementos indicativos de otras causas para armar un relato más conveniente a la acusación como un collage. Una rareza que, sin dudar, fundamentó en el rol y deber de objetividad que tiene el Ministerio Público: sería no acusar por acusar, sino sólo donde la prueba acompaña más allá del grado de sospecha. Como todo, su alegato será discutible pero parece un saludable punto de partida

Acusación

Para la fiscalía Uberti fue el vértice de la maniobra aquella madrugada del 4 de agosto, cuando autorizado por De Vido se embarcó desde Maiquetía hacia Aeroparque, en un vuelo privado que trasladaba “personal de Presidencia”, con el presunto objetivo de eludir controles, al haber pedido extensión horaria para aterrizar de madrugada. No creyeron que Uberti hubiese conocido a Antonini en un almuerzo en ese mismo viaje. Ubicó al venezolano en el OCCOVI dos meses antes. Dio por válido que el exfuncionario recibió a Antonini tal como lo indicaba su agenda y los testimonios de un chofer y un llamado que había hecho su secretaria Victoria Bereziuk hacia el venezolano ese mismo día. Que cuando fue descubierto, se interesó en su suerte tanto que asignó a su chofer a trasladarlo al hotel, mientras que otros miembros de la comitiva se fueron por sus medios. Que él mismo llamó 22 veces al chofer aquella madrugada para saber si habían salido. Que llamó a Daniel Muñoz y a Fabián Gutiérrez -secretarios presidenciales- a primera hora del sábado y que su celular impactó en la antena de la Quinta de Olivos. Y que no fue solo por la repercusión mediática que iba a tener el hecho. Para el fiscal, el “contexto”, lo explica todo, además de la incesante actividad telefónica que desplegaron con las máximas autoridades cuando ocurrió el hecho y luego, cuando resultó que Antonini abandonó el país para nunca más volver. El fiscal no iba a dejar pasar el correo inquietante que el escurridizo Daniel Uzcátegui le habría mandado a Bereziuk: “Te lo dije había que ayudar, lo dejaron solo y mirá lo que pasó. Ustedes son los culpables”.

Procuraron convocar abogados para defenderlo y hasta lo pasaron a buscar para ir al acto en la Casa Rosada (hubo video en el alegato) al que habría entrado por Bereziuk y un chofer asignado. Antonini se manejaba como un elemento satelital a PDVSA teniendo a disposición un chofer de la compañía, cuando venía a Buenos Aires. Por todo esto, para Agüero Vera “se tiene por acreditado que Antonini Wilson con pleno conocimiento de Uberti y por pedido de De Vido intentó ingresar el dinero y procuró burlar al servicio aduanero”. Quizás el tramo más conjetural que el fiscal saca en limpio por las acciones posteriores –incluyendo una “comunicación puente” entre Uberti y el venezolano el domingo mismo- haya sido que el ministro de Planificación hubiera impartido las órdenes. Uberti siempre se mostró con una autonomía particular, incluso durante el juicio. El testigo Alejandro Lagrenade fue el de mayor utilidad para la acusación: agregó que Antonini le dijo que Uberti “le pidió” ingresar la valija porque él era un funcionario.

Aduaneros

La acusación tuvo un capítulo diferencial para Jorge Lamastra -el guarda que estaba junto a María de Luján Telpuk aquella madrugada-, de María Cristina Gallini, su jefa; de Guillermo Lucángeli y de Rosa García, toda la cadena de mando que intervino en la confección del acta y se apersonó en Aeroparque. A todos solicitó 2 años de prisión en suspenso por encubrir. Para Agüero Vera, Telpuk y la PSA hicieron el hallazgo. Lamastra se mostró “reticente” a hacer los controles, pero más allá de la negligencia inicial fue el primer eslabón para el encubrimiento omitiendo dar detalles que conocía: que el vuelo era de “Presidencia”, que Antonini había mentido, que el monto de dinero era “inusualmente alto” y varios detalles que omitió en la confección del acta a sabiendas de la gravedad. Lo mismo para el resto que vio al joven Uzcátegui acompañando en todo momento del procedimiento a Antonini sin que ninguno se preguntara por qué estaba allí en un área restringida. Para el fiscal no alcanza el encuadre de infracción aduanera si se lo pone en “contexto”. Les reprochó que ninguno, siquiera para deslindar responsabilidad, pensara en dar aviso al juzgado de turno ni notificara a sumarios de prevención.

A la vez, se comunicaron a las altas esferas de la Aduana y para Agüero Vera encubrieron a través de la “simulación” de una infracción aduanera lo que terminó beneficiando a los autores del contrabando y permitieron que se sustrajeran de la justicia.

Es uno de los aspectos más discutibles del alegato porque el condimento del inmediato escándalo público del affaire modificó cualquier percepción del tema. Una suerte de “diario del lunes” que hizo cambiar de opinión hasta a la justicia que en un principio había validado que se tramite como una infracción de equipaje.

Echegaray quedó fuera de la acusación porque no se encontró pruebas de su participación en ningún sentido. Ni dando órdenes ni dejando de darlas. Nadie logró comunicarse con él aquella madrugada y fue una dependencia de la propia Aduana que él dirigía la que terminó haciendo la denuncia antes de que todo escalara. Todos los testigos declararon que jamás recibieron directivas de él acerca de cómo tratar el tema. “No es posible afirmar que haya impartido directivas ilegítimas”, dijo el fiscal sobre la carencia de pruebas en su contra.

En palabras del fiscal, este juicio se trató de una “reconstrucción histórica” con múltiples obstáculos y el tiempo transcurrido como antagonista. Ahora será el turno de las defensas