Stornelli solicitó al juez Rodríguez que indague y detenga a unos catorce imputados por varias obras que estaban bajo la órbita de Planificación.
Carlos Stornelli.
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó ayer el desafuero del diputado nacional y exministro de Planificación Federal Julio De Vido para que sea detenido e indagado junto a una veintena de personas en una causa por supuesto desvío millonario de fondos en la minera Río Turbio.
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En una medida con mayor efecto político que concreto (Diputados deberá alcanzar primero los dos tercios de los presentes para aprobarlo si el juez Luis Rodríguez convalida el pedido), Stornelli además extendió las detenciones e indagatorias a una decena de exfuncionarios de su entorno, entre ellos Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Planificación, y el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral. En el expediente se investiga el desvío de más de $265 millones entre 2005 y 2015, que debían destinarse a la mina de Río Turbio y al tren turístico Eva Perón, entre otros proyectos.
El fiscal consideró que debe investigarse a los imputados por el presunto delito de "defraudación a la administración pública" y "malversación de fondos". Se basó en convenios celebrados entre Planificación y la UTN junto con la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la municipalidad de la Cuenca Carbonífera, para destinar fondos a la puesta del ramal ferroviario del tren Eva Perón. Además, fondos destinados a la Usina Térmica Río Turbio. Según el dictamen, en la mayoría de los procedimientos hubo "violación de las leyes de contratación" , ón con universidades para "esquivar la normativa aplicable", sobreprecios de las valuaciones de costos, contrataciones de personal por sumas millonarias, entre otras irregularidades señaladas. "Tal maniobra, de difícil concreción y extensión temporal, no habría podido prosperar sin el silencio conveniente de los funcionarios del ex-Ministerio de Planificación y los funcionarios de la ex-Secretaria de Minería de la Nación, quienes obligados a velar por el ejercicio de sus respectivos cargos, comprometieron al Estado nacional al aporte de sumas millonarias para la construcción de proyectos que fueron adjudicados en forma directa a la FRSC, permitiendo que, de esa forma, sus apoderados desviaran casi $265 millones de su destino específico".
Para el fiscal, las maniobras investigadas son "suficientemente graves" como para pedir su detención, con el paso previo del desafuero. Eso -que hasta ahora no había sido solicitado en ninguna de la veintena de causas que el diputado enfrenta en su contra- deberá ser definido primero por Rodríguez y luego girada al Congreso. En resumen, estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex-MINPLAN tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras citadas".
Además de De Vido, Baratta y Mayoral, también se citó (con pedidos de detención) a Jaime Álvarez; al actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna; Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez; y a las autoridades de la UTN y de la fundación sindicada, el rector Héctor Brotto, Martin Goycochea, Orlando Taboada, Orlando Pastorio, Claudio Masson y Gustavo Maza.
La defensa de De Vido solicitó copias del dictamen, aunque una parte permanece reservada con medidas de prueba pedidas por Stornelli y aseguró que el actual diputado siempre "estuvo a derecho". El abogado Adrián Maloneay calificó de "sobreactuación" el pedido y remarcó que es la primera intervención del fiscal en el expediente. Además, apuntó contra Stornelli por la supuesta filtración de la información a los medios.
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