Fiscales van por su propia reforma sin eje en Gils Carbó

Asociación apuesta a cambiar ley de Ministerio Público con acento en su autonomía. Traspaso y flagrancia en la mira.

Carlos Rívolo

La Asociación de Fiscales se prepara para encarar su propia reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal luego del traspié del Gobierno nacional en su intento por modificarla con el objetivo de correr a Alejandra Gils Carbó. Sin tener ya a la procuradora general en la mira, la agrupación cuyo flamante titular es el fiscal federal Carlos Rívolo, ya inició conversaciones a nivel político e institucional para plantear los términos de un cambio en la ley que, a su vez, tabique cuestiones coyunturales y respete la autonomía en las investigaciones judiciales. En simultáneo, los fiscales se arman para lo que pueda implicar el traspaso de la Justicia nacional a la órbita porteña y a la implementación de la ley de flagrancia, otra de las iniciativas oficiales que fueron resistidas.

Rívolo, con más de dos décadas en los tribunales federales de Comodoro Py, asumió el pasado 7 de noviembre el cargo formal por el que había sido propuesto con lista única entre sus pares. De esta forma, comenzará a imprimir un giro en la asociación hasta ahora presidida por Carlos Donoso Castex, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 20. Por su perfil, Rívolo es un dialoguista más alejado del sector corporativista del Poder Judicial y más difícil de clasificar que muchos de sus colegas de piso. Sin embargo, es un férreo defensor de las cuestiones institucionales que más preocupan a los fiscales: injerencia de otros sectores en su accionar. A eso le agrega cintura política, lo que habilita la chance de que las iniciativas que surjan de la asociación ya cuenten con diálogos subterráneos con distintos sectores políticos. Aunque tímidamente, la Asociación había repelido la ley oficial para descabezar el Ministerio Público que naufragó en el Congreso tras la metralla disparada por la propia Elisa Carrió.

"Nosotros entendemos que para retirar a la Procuradora General o a cualquier fiscal debe mediar un juicio político. El cargo es vitalicio, aunque eso es discutible", indicó Rívolo a Ámbito Financiero en una forma de sentar posición ante los ensayos que se están haciendo desde el Gobierno para volver a la carga contra Gils Carbó. Como anticipó este diario, en el oficialismo sobrevuela la idea de seducir a Carrió con una modificación en las condiciones en las que ese juicio se deba llevar a cabo, sobre todo en la cantidad de votos necesarios para propiciar una destitución. Si existiera una modificación en el plazo del mandato que supere los 7 años, Gils Carbó no resistiría su aplicación retroactiva. Pero eso dejaría al Gobierno con que la posibilidad de su reemplazo recién se dé en forma simultánea con las elecciones generales. En el interior de las fiscalías, lo que más le reprochan a la procuradora es que su enfrentamiento con el PRO puso en tela de juicio la duración del cargo, nunca antes cuestionada.

Como primera medida, Rívolo propiciará una apertura con todos los fiscales en una escala más federal. Pese a que las miradas se depositan en Comodoro Py por su peso político, la realidad transcurre lejos de los tribunales de Retiro. El fortalecimiento "institucional" será el principal objetivo. Ellos creen que así no habrá injerencias políticas de ningún partido por lo que se abroquelarán en torno a la autonomía fijada en el artículo 120 de la Constitución.

El plan de reforma al que está abocada la comisión directiva de la asociación apunta a retomar la autarquía financiera que desapareció tras la última reforma del kirchnerismo. El Gobierno aprovecha ahora esa situación para ahogar con un recorte del 25% de los fondos a la gestión Gils Carbó. Apostarán a una integración distinta de los concursos para elegir fiscales y que el procurador sólo pueda intervenir en los que son de determinada jerarquía, no en todos. También pedirán que se modifiquen las "facultades exacerbadas" que se les han dado a los fiscales de distrito que podrían ser "fusibles" en caso de un conflicto político. Propondrán que si se equiparan a las funciones de los defensores coordinadores o a los fiscales de zona de la Ciudad, sus funciones deberán ser de coordinación y organización, lo cual no es poco. Entre las medidas, también tratarán de implementar un sistema aleatorio de reparto de causas que impida la digitación de causas, y extender el ingreso democrático a todas las áreas del Ministerio Público. Si prosperan los consensos dentro de la agrupación, existe también una idea para nombrar un procurador por sistema de votación entre los propios fiscales, algo que podría contrariar los planes de quienes se están anotando como sucesores de Gils Carbó.