Fondos: Cristina quiere armar su propia reforma

Jorge Capitanich, Mario Das Neves y José Luis Gioja, con otros gobernadores, en una visita a Olivos durante el conflicto del campo. Ahora Cristina, al igual que Kirchner, quiere que discutan una reforma al esquema de distribución de fondos a las provincias.

Cristina de Kirchner habilitó, sin darle categoría de claudicación, que el Gobierno -on line con los gobernadores amigos y rivales- se dedique a debatir un esquema de reparto de fondos, en paralelo al que Néstor Kirchner promete agitar desde el PJ.

Hasta ahora, como si fuese una segmentación matrimonial, el capítulo referido a la Ley de Coparticipación figuraba exclusivamente entre las «tareas» del ex presidente, que anunció la creación de una comisión partidaria para discutir una reforma a esa norma.

La semana pasada, en el que fue quizá el único dato moderado de la charla con Mauricio Macri, Mario Das Neves y Alberto Rodríguez Saá, la Presidente avisó que el Gobierno, institucionalmente, se zambullirá en el análisis de una reforma del esquema de reparto de fondos.

Es más: trasmitió su interés sobre el Fondo de Equidad Social que promueve Jorge Capitanich -con otro nombre, Fondo de Convergencia, sugiere algo similar Juan Manuel Urtubey- y anticipó que sus ministros comenzarán a imaginar esquemas en ese sentido.

Hay que remontarse a otro almuerzo para explicar el giro de la Presidente. Cuando recibió a Hermes Binner, Fabiana Ríos, Eduardo Brizuela del Moral y Ricardo Colombi, no pudo evitar añorar sus tiempos de legisladora y, sobre todo, de convencional de la reforma del 94.

Allí planteó, con un realismo que Kirchner desconoce, que la Ley de Coparticipación estuvo diseñada con el objetivo de que su modificación sea prácticamente imposible. Por eso es una ley convenio: para evitar que un grupo de provincias se junte para perjudicar a otras.

Kirchner, que también lo sabe, simula que la Comisión del PJ que preside, y que se reunirá por primera vez el 27 de abril en la Casa de Salta, puede tener alguna utilidad real más allá de servir como excusa para plantear que el partido está «activo».

A ese simulacro, Cristina de Kirchner plantea darle alguna entidad con una serie de análisis sobre la distribución de recursos que tenga como eje no el esquema actual sino otros mecanismos que permitan retocar ese «régimen» sin tener que reformar la ley de fondo.

Esa mirada, entrelíneas, flota en las cercanías de Daniel Scioli. Este miércoles, el Senado bonaerense -en la primera sesión sin Alberto Balestrini como vice- prevé aprobar la creación de un cuerpo bicameral para discutir la «caja» que recibe de la Nación.

Hay, detrás, una doble intención: un gesto, cercano a la obsecuencia, hacia Néstor Kirchner para sostener la teoría de discutir la Coparticipación y, al mismo tiempo, la oportunidad para empezar a plantear asuntos colaterales, pero de fondo, referido a las necesidades bonaerenses.

Osvaldo Goicoechea, jefe del bloque K, y Patricio García, senador que preside la Comisión de Presupuesto, dieron la semana pasada el primer paso que deberán refrendar sus pares diputados: Raúl Pérez, como jefe de bloque, y Franco La Porta, que maneja Presupuesto.

Esa comisión puede, como la del PJ, convertirse en un expediente simbólico o convertirse en una usina para imaginar alternativas a los fondos que necesita la provincia que tras del Mundial de Sudáfrica deberá salir a buscar 4.000 millones para cerrar las cuentas.

Se exploran, en algunos despachos, medidas que no implican retocar la ley mayor como, por ejemplo, eximir a los municipios del pago del IVA en algunas actividades. Hay varias ideas en ese sentido. Para el conurbano, por caso, eso sería una medida más efectiva que incrementar la coparticipación un 10%. También, claro, una pérdida de ingresos de la Nación.

Por esa razón -pero además porque la fascinación por quedar en la historia es la principal motivación de Cristina de Kirchner- decidió, también, meterse en la discusión de los fondos mientras la oposición avanza con la reforma del impuesto al cheque que ella ya dejó de prometer eliminar a partir de 2011.