Fracasó acuerdo entre Nación y Córdoba

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En un nuevo pico de la tensión política entre José Manuel de la Sota y Cristina de Kirchner, el Gobierno cordobés y Nación no lograron ayer arribar a un acuerdo en la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar acercar posiciones frente al reclamo mediterráneo de fondos previsionales por $ 1.040 millones.

El encuentro -que se inició poco antes de las 11.30 en el Palacio de Tribunales, se extendió por cerca de dos horas y fue encabezado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti- reunió a De la Sota con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio.

Por el máximo tribunal estuvieron presentes además la vicepresidente Elena Highton de Nolasco y los ministros Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.

Pero, previsiblemente, el entendimiento estuvo lejos de lograrse, las posiciones previas de las partes fueron ratificadas y el cónclave derivó en una profundización -con nuevos cruces- de los cortocircuitos con De la Sota, un peronista crítico con aspiraciones presidenciales para 2015.

Tras el revés de ayer, ahora la Corte deberá resolver la demanda motorizada en julio por el mandatario cordobés, quien tiene bajo el brazo además otra presentación ante el alto tribunal contra el recorte del 15% en la coparticipación para financiar al sistema previsional nacional.

En la audiencia de ayer, Lorenzino y Bossio ratificaron que la ANSES no tiene deuda alguna con la Caja de Jubilaciones porque Córdoba incumplió con los criterios de «armonización» entre ambas administraciones, necesarios para hacerse acreedora a los fondos. Por caso, mantiene el pago del 82% móvil a los pasivos, mientras que entre los ítems no alineados se encuentran además la edad para jubilarse y el cálculo del haber inicial.

Pero desde la delegación cordobesa insistieron en el reclamo de las remesas «adeudadas» de 2011 y enfatizaron que otras provincias que «armonizaron menos» sí recibieron recursos el año pasado para sus Cajas de Jubilaciones no transferidas.

Incluso, reiteraron sin éxito una propuesta de percibir sólo $ 311 millones y recibir el resto en un crédito del Banco Nación.

Las diferencias evidenciadas en la audiencia se trasladaron luego a sendas conferencias de prensa brindadas primero por De la Sota -en el Palacio de Tribunales- y luego por el tándem Lorenzino - Bossio en Economía.

Esas declaraciones confirmaron la escalada de tensión entre ambos gobiernos, en una jornada donde también pesó fuerte un posicionamiento duro de la Casa Rosada -para evitar un riesgoso efecto rebote- respecto de los reclamos de fondos del interior, que tienen su epicentro en distritos que no comulgan con el kirchnerismo.

«Los delegados (de Nación) han insistido en que bajemos la jubilación de los cordobeses y no lo vamos a hacer; que renunciemos al 82% móvil y tampoco lo vamos a hacer», arengó el mandatario cordobés tras la audiencia, además de lanzar un mensaje directo a la Presidente.

«Los cordobeses queremos que nos paguen lo que nos deben; no somos destituyentes, ni conspiradores, ni enemigos de su Gobierno, ni estamos en una pulseada por el poder», afirmó, y bregó por «lograr un acuerdo en el que todos salgamos beneficiados». «Hablemos señora Presidenta», enfatizó, rodeado de un collar de funcionarios cordobeses.

«No hay deuda alguna con Córdoba», contraatacaron luego Lorenzino y Bossio desde la cartera de Economía, además de negar todo pedido de ajuste (ver pág. 2).

Tanto en la delegación cordobesa como en despachos de Talcahuano 550 esperaban una conferencia in situ de las partes en pugna, aunque finalmente sólo la brindó De la Sota.

«Parece que hubo tanto desacuerdo que ni siquiera pudieron dar una conferencia juntos», evaluaron fuentes judiciales, aunque luego desde el entorno de Lorenzino recalcaron que esa posibilidad nunca fue evaluada.

Córdoba y la Casa Rosada ya tuvieron un round en la Corte por fondos previsionales en 2009, aunque en ese caso los protagonistas fueron el por entonces ministro de Economía Amado Boudou y el antecesor de De la Sota, Juan Schiaretti.

De allí surgió la firma de un convenio de pago a la Caja de Jubilaciones para el período 2010-2011. Precisamente, los cordobeses judicializaron en julio el supuesto incumplimiento de las remesas del segundo de esos dos años.

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