FRAUDES: La indigencia pasa factura

La maniobra era simple: una especie de líder de barrios carenciados de la zona sur del conurbano profundo buscaba personas en situación de indigencia, a las que $ 100 les cambiara al menos algo su economía del mes. Les hacía firmar papeles inentendibles para ellos, con referencias a números y direcciones extrañas y lenguaje técnico. Si además de indigentes eran analfabetos, mejor. Menos preguntas que contestar. Concretadas las firmas, el detector de pobres desesperados les daba un número de celular para que se comunicaran ante cualquier problema. Se les prometía una visita mensual futura para seguir firmando papeles similares a cambio de otros $ 100, y se les pedían datos de vecinos en situación de emergencia.

Estos indigentes luego eran los socios de empresas de fantasía que emitían facturas con servicios de publicidad, asesoramientos varios, finanzas, construcciones, arreglos y servicios de logística varios. Las facturas en cuestión eran compradas por pequeñas, medianas y grandes empresas que luego las utilizaban para inflar sus gastos internos, bajar su nivel de activos y, en consecuencia, reducir sus pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.

Al mecanismo se lo llama impositivamente "usina de facturas apócrifas" (truchas) y es penado con el delito de Asociación Ilícita, que incluye prisión efectiva para los culpables. El invento de las facturas totalmente apócrifas o infladas es un delito importado de países desarrollados. Sin embargo, en el país se logró darle una vuelta de tuerca para convertirla en una crónica "argenta": el aprovechamiento de los pobres que vieron migajas de un delito en el que se mueven millones y millones de pesos por año. Y por migajas deben entenderse no más de $ 5.000 para generar ganancias de no menos de $ 30 millones por mes. Una forma moderna de esclavitud económica.

En los últimos días se conoció un nuevo y notable caso descubierto luego de una investigación de dos años de la AFIP que dirigeRicardo Echegaray, cuyos primeros indicios comienzan a pesar sobre empresas de primerísimo nivel, además del club más importante del país.

La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, ya que la usina (así como los indigentes reclutados) es de la zona sur. El juez Alberto Patricio Santamarina se basa en los movimientos de cinco imputados directos y la eventual participación del escribano Francisco Osvaldo Mirabella, un exfuncionario de los años de Eduardo Duhalde como presidente dirigiendo el Organismo Nacional de Administración de Bienes. Se descartó de la causa la eventual vinculación del estudio Lapasset y Asociados, al que en un momento se lo mencionó porque uno de los cinco acusados había trabajado en el pasado en ese lugar.

Entre las usinas de las facturas truchas, sociedades y personas ya intervenidas directamente por la AFIP, se encuentran Persol Publicidad SA ($ 11,6 millones), Constructora CHH SRL (4,6); Christian Sanabria (3,4); Ángel Legal (1,6); Jorge Luis Telli (1,5); Mármol 2007 SRL (1,3); Víctor Galve (1,2); Manchester Steal SA (1,2); Metal Point SA (1,2); Sebastián Nicolás Herrera (0,8); Jorge Castillo (0,8); Diego Legal (0,8) y otras (5,9). En total, hay operaciones confirmadas por $ 36 millones, monto que podría multiplicarse; 7,6 millones de pesos corresponden a operaciones de IVA y $ 12,6 millones a Ganancias.

Según la investigación judicial, el reclutador era Alejandro Ramón Agüero, un "hombre fuerte" del barrio, según la descripción de uno de los funcionarios de tribunales que llevan la causa. Entre las víctimas figuran Jorge Abraham Rojas, desocupado, integrante de las sociedades Caam SA, Cule SA, Eclipse SRL y Fortigo SRL; Romina Leguiza, desempleada y receptora de un plan Trabajar, socia de la constructora CHH SRL y directora suplente de Bulones Coiro SA; Edgardo Daniel Aguilar, discapacitado, sin vivienda y analfabeto que fue contactado cuando estaba internado y semiinconsciente. Ángel Legal, cartonero, que aparece como socio de Telfer Construcciones SRL, Eran Construcciones SRL, Bakdow SA (presidente), Cabaña Luan SA y Spin Off SA. En total, emitió facturas por unos $ 1.967.000. El juez Santamarina tiene identificado a Diego Legal, que declaró hacer changas para sobrevivir y que, como socio de Telfer Construcciones, facturó $ 1.017.000.

@cburgueno