Frenaron facturas de luz para evitar más conflictos

Julio De Vido

Apremiado por el clima adverso que produce en el Congreso el cargo en las tarifas de gas para pagar importaciones, el Gobierno dispuso frenar a partir de hoy la distribución de las facturas de luz para las casas de familia con consumos superiores a 1.000 kilovatios bimestrales, a las que corresponden subas que oscilan entre 150% y 400%.

Funcionarios del Ministerio de Planificación atribuyen la medida a que la presidente Cristina de Kirchner habría pedido explicaciones luego de que su secretario personal le mostró una factura propia con un monto de $ 1.200. Pero de hecho lo que el Gobierno está evitando es que también las tarifas eléctricas entren dentro de la embestida del Parlamento que aglutina a varios legisladores oficialistas con la oposición.

Para eso, saca de circulación por unos días (todavía no se sabe cuántos), las facturas de luz con aumento con el argumento de que una suba del 30% en los reclamos de los usuarios, estaría indicando errores de facturación, intencionales o no, lo que a su vez justificaría una auditoría de las distribuidoras que son las encargadas de la tarea.

Expertos legales creen que la medida anunciada por el ministro Julio De Vido es de dudosa legitimidad porque se obliga a no facturar el servicio ante la presunción de que existe un error o un delito. Las distribuidoras alcanzadas son las que dependen del Estado nacional: Edenor, Edesur y Edelap, según las cuales la decisión oficial les trae numerosos inconvenientes, entre otros el de tener que hacerse cargo de todos los impuestos de cada factura emitida, pero no repartida. En tanto, las distribuidoras del interior no entran en la restricción, y en algunas provincias, el aumento no se cobra por decisión judicial o de los gobiernos locales.

Asimismo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como en el resto del país, está vigente una medida cautelar de la Justicia, a pedido de la defensora del pueblo de la Nación, por la cual se suspende el ajuste. Esto significa que el usuario residencial puede concurrir a la oficina comercial y pedir la refacturación según el cuadro tarifario anterior, hasta que la Justicia defina la cuestión de fondo.

En el caso de las facturas eléctricas, en agosto de 2008 hubo un aumento del 10% al 27% para los que consumen más de 650 kilovatios en Capital Federal y GBA, con lo cual se recuperaron ingresos de transportistas y distribuidoras. Además desde noviembre rige una suba para mejorar los ingresos de las generadoras y bajar los subsidios del Estado, que tiene distinto impacto según el nivel de consumo, pero ya el uso de 1 solo kilovatio por encima de 1.000 en un bimestre implica un aumento del 150%.

En las tarifas de gas, el incremento proviene en su mayor parte del cargo creado por el Decreto 2.067 que es recaudado para el Estado a fin de cubrir importaciones o mejorar el precio de las petroleras. Como son fondos que van al fisco, numerosas opiniones coinciden en que se trata de un tributo y que es inconstitucional porque sólo el Congreso puede fijar impuestos.

El embrollo jurídico y político generado por las tarifas de gas y luz se agrava porque los aumentos son muy fuertes, no tuvieron gradualidad, son más importantes a medida que sube el consumo, y además conviven con el sistema de castigos por el programa de uso racional de la energía que obliga a consumir un 10% menos que en 2003 para no tener penalizaciones.

En la práctica, una tarifa muy alta ya debería ser suficiente desaliento al aumento del consumo. Por eso,la continuidad de los castigos implica una contradicción y explica también las elevadas facturas en el área metropolitana, ya que en la mayoría de las provincias no rige ese tipo de programas.

Las facturas eléctricas,a diferencia de las gasíferas, tienen dos picos estacionales por temperatura: en verano y en invierno, y aunque en promedio habría unos 400.000 alcanzados en Capital y GBA, las empresas admiten que en los meses de mayor consumo, la cifra casi podría duplicarse. Nadie sabe qué hará el Gobierno después de haber frenado la facturación. En principio se descarta un retroceso voluntario de los ajustes y se cree que aumentarán los hogares exceptuados.