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Ganancias: sólo habrá cambios en las escalas (lo va a definir Cristina)
Aníbal Fernández y Axel Kicillof
La misma fuente aseguraba que habría que descartar una suba del mínimo no imponible ubicado actualmente en los 15.000 pesos (según el nivel salarial al 1 de octubre de 2013, cuando se tocó por última vez la base), ya que la convicción presidencial es que ese número no es injusto y que mantiene fuera del impuesto al 90% de los trabajadores en relación de dependencia. Incluso se habla dentro del Gobierno de menos de 800.000 personas que estarían afectadas. "Igualmente votan y merecen una corrección", reconocía la fuente, que aventuraba que tanto la Presidente como Axel Kicillof (la persona que más influye sobre la jefa de Estado para definir la cuestión salarial), se inclinan por la suba de las escalas actuales del tributo; o, más específicamente, de una reformulación de los mínimos y máximo, haciendo que los salarios más cercanos a los 15.000 pesos paguen un monto casi simbólico, y que luego los que más ganen de la pirámide mantengan la presión actual.
Actualmente, las escalas del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría arrancan en un 9%, y continúan con un 14%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35%. La idea primaria, no definitiva, es que la primera escala comience en un nivel cercano al 3% (un tercio que el nivel de presión actual), y que luego vaya in crescendo, pero manteniendo los últimos porcentajes. Si se confirmara esta alternativa, los salarios más bajos pasarían a pagar menos de la mitad, mientras que los más altos no tendrían modificaciones. Lo que lograría el Gobierno con este criterio es que los sueldos más cercanos a los 15.000 pesos tengan una presión mucho menor aque la actual, pero sin ceder la "convicción" que ese nivel de salarios es suficiente para estar alcanzados por el impuesto. Quedaría fuera la mayor parte de los aportantes, especialmente aquellos que representan una conflictividad seria para el avance de las paritarias que no pueden cerrarse por la falta de definición en el tema Ganancias. Por ejemplo, y sin que estén definidas las nuevas escalas, quienes cobren hasta 20.000 o 25.000 pesos continuarían alcanzados por el impuesto, pero pagarían menos que hoy, y quienes superen ese monto pagarían lo mismo que hasta ahora.
Los defensores de esta alternativa (varios dentro del gabinete) aseguran que tiene un beneficio doble. Por un lado, afirman, al reducir la presión del tributo en los salarios más cercanos a los 15.000 pesos, el dinero extra que recibirían los beneficiarios iría a mejorar los niveles de actividad económica interna, ya que se trataría de sectores con menor capacidad de ahorro y con consumo postergado. Se evitaría, al menos en su mayoría, uno de los grandes temores del Gobierno: que parte del dinero que percibirían los trabajadores beneficiarios se redirija a la compra de dólares vía ahorro. Además, si los fondos se volcaran al consumo, el Gobierno volvería a recibir parte de los fondos vía pago del 21% del IVA. En otras palabras, el costo fiscal y cambiario no tendría mayor importancia en las cuentas públicas.
El segundo motivo es político. Con una decisión de este tipo, el Gobierno desinflaría el grado de conflictividad político que infecta las actuales negociaciones paritarias y podría destrabar las negociaciones en sectores clave como los metalúrgicos de la UOM, los mecánicos de SMATA y los bancarios, entre otros.


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