La salida de Alejandra Gils Carbó a través de una renuncia al cargo dejó como ganador en la pelea interna dentro del Gobierno al sector que impulsaba un margen de negociación política, representado por el Ministro de Justicia, Germán Garavano. Pese a que su "gradualismo" en varias decisiones judiciales -donde intervienen varios interlocutores a quienes Mauricio Macri escucha-, el titular de la cartera de Justicia se impuso ante los "halcones" en el Gobierno que propiciaban que el mandatario firmase un decreto para echar a Gils Carbó. Ante el fallo del juez Pablo Cayssials, que anuló la vía del juicio político como método de remoción, se reavivó la disputa dentro de la "mesa judicial" para que por el camino administrativo Macri pague un costo político corriendo a Gils Carbó. Para las "palomas", Macri gastó la "bala de plata" con el nombramiento por decreto de dos jueces para la Corte Suprema (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti), en una maniobra que debió luego ser refrendada por el Senado por el mecanismo constitucional ante la resistencia a que asuman en los cargos "en comisión".
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Macri ayer pidió hacer modificaciones a su discurso, apenas enterado de la carta hecha pública por Gils Carbó anunciando su dimisión.
"En el Ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas, entre 2012 y 2016, la mayor parte de estas asignaciones fueron para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos. En el Consejo de la Magistratura hay una desproporción similar, el número de consejeros creció casi un 140% por ciento, en diez años. Y además gozan, como todos los empleados del Poder Judicial, de un régimen de licencias muy generoso, que llega a permitirles tomarse dos años de licencia con goce de sueldo", lanzó Macri en otro punto espinoso que preanuncia roces.
