Gestapo: fiscal dictaminó que caso siga en La Plata

Para la fiscalía “concertación criminal excede reunión del Bapro y caso debe continuar en La Plata. Senador pidió sobreseimiento y negó formar parte de asociación ilícita.

Juan Pablo Allan

La fiscal federal Andrea Russo dictaminó que la investigación que se originó por el video de la reunión en el Banco Provincia en la que un exfuncionario habló de la Gestapo antisindical, debe continuar tramitando en los tribunales de La Plata. “La concertación criminal excede en mucho a la reunión”, afirmó la fiscalía.

En tanto, el senador de la provincia de Buenos Aires de JxC Juan Pablo Allan presentó ayer su descargo por escrito en el que pidió su sobreseimiento al rechazar la acusación relacionada con una supuesta asociación ilícita por su participación en la reunión del 15 de junio de 2017 en el Bapro junto a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y exagentes de la AFI y en el impulso de denuncias contra dirigentes de la UOCRA platense.

“Esto es total y absolutamente falso ya que no he promovido ni elaborado ninguna estrategia a esos fines. Mi participación se ha dado exclusivamente en el marco de mi función como Senador de la Provincia y dentro de mis facultades”, dice uno de los párrafos del escrito de Allan al que accedió Ámbito.

La indagatoria de Allan fue la última de esta primera tanda ordenada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien ahora podría definir la situación de todos los indagados, entre ellos al exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, el autor de la frase de la “Gestapo”, y altos jefes de la AFI del gobierno de Cambiemos.

Mientras tanto, varios imputados intentan por todos los medios pasar el caso a los tribunales de Comodoro Py. Entre ellos el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Adrián Grassi. La fiscal del caso se pronunció por rechazar esos planteos.

Por un lado, Adrián Grassi sostiene que la reunión del día 15 de junio de 2017 -de la que participó junto a otros funcionarios provinciales y de la Agencia Federal de Inteligencia-, tuvo lugar en el centro porteño, motivo por el cual corresponde que entienda el Juzgado Federal con competencia territorial en la CABA.

Plantea además que al encontrarse involucrado el gobierno nacional, el juez Kreplak de La Plata carece de competencia realizar actos jurisdiccionales “por cuanto no resulta ser el juez natural de la causa”.

El pedido del imputado es la incompetencia territorial; lo cual, para la fiscal debe ser rechazado “por erróneo e inexacto”. Para la fiscalía la maniobra investigada surtió efectos en la ciudad de La Plata y se vinculó con actividades sindicales especialmente relacionadas con el gremio de la construcción (UOCRA La Plata), desarrolladas en este ámbito territorial platense.

La concertación criminal excede en mucho a la reunión: “Esa reunión lejos está de ser la asociación ilícita en sí misma. Es, una vez más, solo una de las constancias que acreditan la materialidad del pacto delictivo investigado. En modo alguno dicha asociación ilícita se resume a la reunión, sino que ella es una de las probanzas del acuerdo de voluntades delictuosas llevado a cabo por los asistentes de la misma. Por el contrario, esa concertación criminal excede en mucho a la reunión, tanto en el tiempo como en los efectos”, afirmó la fiscal.

“Dicha reunión podría haber tenido lugar en la ciudad de La Plata, la de Buenos Aires, en el extranjero, o incluso podría haber celebrado de manera virtual, y ello no cambiaría el hecho de que es solo un tramo de la asociación ilícita”, remarcó el dictamen. La fiscal consideró que las causas que puedan tener alguna conexidad y que están en Comodoro Py deben ser remitidas a La Plata.

Indagado

Los detalles del descargo del senador Allan: “No he tenido participación alguna en ninguna de las causas donde se investigó a los dirigentes de la UOCRA La Plata. No promoví ninguna de ellas ni efectué ningún aporte probatorio en las mismas. No conozco ni he tenido trato con ningún juez o fiscal que tuviera a su cargo alguna de estas causas como tampoco he realizado gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales tendientes a producir efectos en ellos”, dijo por escrito. “Tampoco participé en actividades de inteligencia ilegal ni consentí jamás acciones de ese tipo”. Explicó que en la reunión había algunas personas que conocía porque habían ido a verlo al despacho y otras autoridades de instituciones que era la primera vez que los veía. “Niego saber que estábamos siendo grabados y filmados situación que me toma por sorpresa al enterarme por los medios periodísticos”, alegó.

También aclaró que en ningún momento fue informado que habría presencia de miembros de la AFI, y “nunca tuve contacto con ningún miembro de dicho organismo ni antes ni después de esa reunión”.

Allan pidió varias medidas de prueba, entre ellas que se “proceda a identificar a la o las personas que realizando las tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos hallaron los archivos audiovisuales que se acompañaron a la denuncia relevándolos de la obligación de guardar secreto y permitiendo su convocatoria a prestar declaración testimonial a la sede de este Juzgado”. También pretende que se tome declaración testimonial a la interventora de la AFI Cristina Caamaño.