Apoyos. La procuradora Alejandra Gils Carbó reunió a los principales procuradores de la región en pos de lograr apoyo internacional.
Mientras la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, continúa desplegando su estrategia de defensa ante la presión judicial sobre la causa que la involucra por la compra de un inmueble para el Ministerio Público Fiscal, desde Comodoro Py no recibió noticias auspiciosas. La Cámara Federal porteña, en un voto divido, falló a favor de continuar una causa en su contra acusada por supuestas designaciones arbitrarias en la Procuración y en Fiscalías. Esto suma complicaciones a la jefa de los fiscales con un pedido de indagatoria pendiente por parte del fiscal Eduardo Taiano, que disparó un nuevo enfrentamiento entre la gestión Cambiemos y la funcionaria. Por un caso similar -en el fondo del planteo- hace pocos meses había logrado que la Cámara Contencioso Administrativo Federal prestara su aval a traslados y nombramientos, lo que significó una señal de alivio a sus huestes. En el medio, en un Plenario de Procuradores Iberoamericanos, Gils Carbó buscó recolectar apoyos de sus pares regionales.
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La defensa de Gils Carbó había planteado lo que se denomina excepción de falta de acción, al rechazar la existencia de un delito por lo que traía aparejado un eventual sobreseimiento en ese expediente. Pero la sala I de la Cámara, con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, confirmó la decisión del juez Julián Ercolini que rechazó el planteo de Gils Carbó. Por su parte, el camarista Eduardo Freiler votó en disidencia con la decisión.
La denuncia había sido realizada por el líder del gremio de empleados judiciales, Julio Piumato (uno de los enemigos de la jefa de los fiscales), quien había sostenido que Gils Carbó era responsable de "la designación arbitraria, indiscriminada y carente de fundamento alguno de personal contratado", así como de "la efectivización de agentes en diversos cargos infundadamente", en el área central de la Procuración y en distintas fiscalías.
El señalamiento era sobre la incorporación de personal, supuestamente salteando a funcionarios de carrera representados por Piumato, y por los nombramientos de personal afectados a las nuevas procuradurías que fueron creadas bajo su gestión.
Hace unos meses, la Cámara Contencioso Administrativo Federal se había pronunciado a favor de la legalidad de los nombramientos de fiscales y funcionarios en áreas clave de la procuración, lo mismo que los concursos que ya habían sido confeccionados. Así, revocó un fallo en contra de primera instancia que bloqueaba las designaciones. Esa decisión había sido una bocanada de aire para Gils Carbó que trajo como efecto colateral que se desinflaran los cuestionamientos que iban a pesar sobre ella en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, donde el oficialismo pensaba acorralarla con auxilio del massismo. Esa citación para que brinde explicaciones por ese motivo todavía no tiene fecha definitiva.
Sin embargo, el llamado a indagatoria por parte de la fiscalía que el juez Ercolini deberá resolver en las próximas horas le sirvió de marco a la procuradora para propiciar una reunión extraordinaria en Buenos Aires de todos los procuradores regionales con el único objetivo de poner en discusión las tensiones con los gobiernos. Allí se despachó -por videoconferencia ya que no se le permitió salir del país-, Luisa Ortega, la jefa de fiscales de Venezuela enfrentada con Nicolás Maduro. La funcionaria (exchavista) le dio un apoyo explícito a Gils Carbó, que se sumó al de organizaciones vinculadas al derecho, agrupaciones de derechos humanos y juristas sobre la decisión del Gobierno de someterla nuevamente a fuego a discreción con el fin de removerla del cargo. La tensión continuará si es llamada a indagatoria por la compra del inmueble.
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